Brecha de infraestructura a nivel regional y provincial aún no se ha establecido

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Trujillo es una de las ciudades más importantes del país; sin embargo, para mantener el ritmo de desarrollo que viene mostrando durante los últimos años, es necesario tener claro cuál es la situación actual de la infraestructura que posee y en qué medida debe incrementarse para los próximos años.

No obstante, hoy en día se desconoce con precisión la brecha de infraestructura que tendremos en los próximos años. Por ello, es de suma importancia realizar estudios para llenar este vacío, afirmó el economista Stefano Arts Jara, quien fue uno de los ponentes en la segunda jornada de “Trujillo al 2040: ¡La ciudad que queremos!”.

“La brecha en infraestructura es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se necesita, según nuestra demanda. Para programar las inversiones, para saber con qué se van a financiar, primero necesitamos saber cómo estamos en el presente, y eso es lo que falta tanto en la provincia como en la región”, indicó el experto en temas económicos, durante el foro que organiza la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

 

No obstante, señaló que sí existe el cálculo de la brecha a nivel nacional, que recientemente fue dado a conocer por la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional (Afin), el cual sirve para tener una idea de cuáles son los sectores que tienen mayores necesidades.

Según el mencionado estudio,  al 2025, el Perú necesitará aproximadamente 57 millones de dólares para cubrir la brecha en Transportes, 30 millones para Energía, 27 millones para Telecomunicaciones, 19 millones para Salud y 12 para Agua y Saneamiento.

¿Qué hacer?

Arts Jara destacó la importancia de mecanismos como Obras por Impuestos o las Asociaciones Público Privadas (APP), para ir cubriendo las necesidades de infraestructura en el menor tiempo posible y con eficiencia.

En tal sentido, aclaró que contrariamente a lo que suele pensarse, ejecutar una obra a través de una APP no significa que esta se está privatizando. “Se trata de relaciones contractuales entre el Estado y un operador privado que cuenta con la experiencia, los equipos y la tecnología para desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura y servicios públicos”, precisó.

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