Fernando Rojas, Esperanza Yarlequé, Anthony Novoa y Katia Padilla deben en total S/. 5,362.90.
Bien dicen que el ejemplo empieza por casa. Lamentablemente en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no es así, ya que algunos regidores y una asesora aparecen como deudores al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT).
Según una liquidación de deuda del SATT al 11 de setiembre del 2015, el primer regidor Fernando Rojas Urquiza adeuda S/. 1,320.16 por los arbitrios de limpieza pública, áreas verdes, seguridad ciudadana y otros conceptos, desde el 2011 hasta el 2015, por un predio ubicado en la urbanización Monserrate I etapa.
También está en calidad de morosa la concejal oficialista Esperanza Yarlequé Saldaña, quien es dirigente de los taxistas. Debe al SATT S/. 1,369 desde el 2014 a la fecha por un inmueble ubicado en la Urbanización La Noria.
El regidor de mayoría, Anthony Novoa Cruzado, también debe ponerse al día, pues adeuda S/. 833.75 por un predio de la urbanización San Salvador, desde el 2011 hasta el 2015, según la liquidación de deuda a la que tuvo acceso La República.
En la misma condición está Katia Padilla Cruz, asesora en la alcaldía, al tener una deuda de S/. 1,839.27 del 2012 al 2015, por un inmueble en Villa del Contador. En total deben S/. 5,362.90.
La República trató ayer de obtener la versión de Rojas Urquiza, pero fue imposible lograrlo. En horas de la tarde y de la noche no contestó las llamadas a su teléfono celular.
Quien sí dio su versión fue Yarlequé Saldaña, que reconoció que sus tributos del 2015 no los ha cancelado. Agregó que los del 2014 sí los habría pagado.
“A veces nos atrasamos uno, dos o tres meses, pero luego cancelamos y nos ponemos al día. En ese sentido no hay ningún problema pues uno paga hasta de siete meses. No veo cuál es el inconveniente. Voy a revisar lo del 2014, creo que ya está subsanado”, acotó.
Mientras tanto el ex candidato a la alcaldía de Trujillo, Raúl Rodríguez Marcelo, recordó que hace unos días el SATT casi embarga los bienes de la regidora Doris Uriol Saona por una deuda de S/. 3,000, lo cual fue tomado como un acto de amedrentamiento contra ella por cuestionar a la gestión municipal. (La República).