El revelador testimonio de los deudos de las víctimas de la minería ilegal en el cerro el Toro durante la sesión realizada por La Comisión Especial Multipartidaria De Protección a La Infancia Del Congreso en Huamachuco los ha puesto bajo amenaza.
Martina Rodríguez Cruz y su hija Yoseli de 14 años sienten que corren peligro tras acusar el último lunes al pastor evangélico, Oswaldo Alva Polo, como uno de los responsables de la muerte de su familiar y de otras siete personas en un socavón ilegal en el cerro el Toro. Tragedia registrada hace 2 años en esta convulsionada zona de la provincia de Sánchez Carrión que concentra a la minería ilegal.
Acompañado de miembros de su iglesia y pobladores que lo respaldan, a través de los medios locales, el imputado desprestigió a Martina Rodríguez y la amenazó con denunciar si no retractaba. “Esa señora y el consejero Quiroz deben rectificarse”, dijo ofendido al alegar que no era responsable de los hechos.
Ante ello, la defensa de los deudos solicitó prisión preventiva contra el religioso, sindicado de ser uno de los principales mineros ilegales de El Toro, debido que este empezó una campaña de desprestigio contra la denunciante Martina Rodríguez y la amenazó públicamente, mediante los medios de prensa locales, si no retractaba de lo mencionado en la sesión.
El abogado, apenas conocidos los hechos, ingresó de inmediato un nuevo escrito a la carpeta fiscal 628 – 2019 solicitando la medida contra Alva Polo. Allí se detalla que el caso del esposo de la denunciante, Orlando Francisco Valderrama Victorio, se encuentra en etapa intermedia y que está próximo al inicio del control de la acusación por el presunto delito de homicidio simple.
“Ha raíz de lo sucedido el acusado Alva Polo ha salido públicamente a amenazar a mi patrocinada tanto en los medios de prensa como mediante una carta notarial en la que amenaza con denunciar con la finalidad que se rectifique y con eso cambie su versión”, se lee en el escrito.
Asimismo, el consejero Greco Quiroz solicitó a la Presidenta de la Junta de Fiscales de la Libertad, Dra. Marena Mendoza, se incluya a la señora Martina Rodríguez Cruz como Testigo Protegido ante las constantes advertencias del líder religioso. “La señora Martiana denunció al señor Oswaldo Alva que en la mina de propiedad del señor falleció su esposo dejándola viuda y a sus tres menores hijas huérfanas. Ella de forma valiente hizo la denuncia ante la Comisión Multipartidaria del Congreso y el señor ha salido a amenazarla con denunciarla y otras amenazas”, señaló Quiroz en el oficio dirigido a la máxima autoridad de la Fiscalía en La Libertad.
Según la defensa, tal conducta al amenazar a un testigo con el fin que se rectifique o cambie su declaración configura el peligro de obstaculización en las investigaciones, por lo que corresponde a la Fiscalía de manera inmediata solicitar la prisión preventiva. El Juzgado de Investigación Preparatoria, ya otorgó un embargo sobre las propiedades de Alva Polo por hasta 250 mil soles a favor de Martina Rodríguez para asegurar la futura reparación civil que recibirá junto con la sentencia.
“La conducta del acusado, Oswaldo Alva Polo, reúne los presupuestos del artículo 268° del Código Penal Peruano, en el sentido que existen graves y fundados elementos de convicción con la comisión de delito imputado: homicidio y lesiones en concurso real, penas que sobrepasarían los cuatro años de pena privativa de la libertad”, advierte la defensa de las víctimas.
Como se recuerda el lunes 6 de diciembre en la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso, Martina Rodríguez Cruz y su hija narraron cómo habían sido tratadas por el religioso en marzo del 2019. En el último día del mes Orlando Francisco Valderrama Victorio, esposo y padre de las mencionadas, murió asfixiado por la inhalación de gases tóxicos en un socavón junto a otras siete víctimas. Y como suele suceder en la zona, el cadáver tuvo un precio para comprar silencio