Sanciones más graves para delincuentes. El citado grupo de trabajo aprobó el proyecto de ley que fija las reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos relacionados al crimen organizado y endurece las penas hasta con 35 años de prisión.
El congresista Octavio Salazar subrayó: “Se acabaron los beneficio para los delincuentes. El proyecto en marcha negará además cualquier posibilidad de obtener redención de pena por trabajo o educación y cierra las puertas a cualquier oportunidad de semilibertad y liberación condicional” en referencia a sus aportes a esta iniciativa.
La norma estipula que se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparte diversas tareas o funciones con la finalidad de cometer uno o más delitos graves como homicidio, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad delictiva.
También extorsión, pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas, genocidio, desaparición forzada y tortura, lavado de activos, marcaje o reglaje, aborto no consentido y relacionados a la minería ilegal, entre otros delitos considerados graves con penas superiores a los cuatro años de cárcel.
El parlamentario Salazar Miranda recordó: “Las agravantes harán pensar dos veces a los hampones antes de cometer más delitos pues se considera así a la posesión de armas de guerra, explosivos u objetos análogos o al simple uso de un arma Estas podrían elevar las penas hasta en una tercera parte por encima del máximo legal .” Se considera agravantes además el hecho de ser líder, jefe o cabecilla de la organización criminal. También si el agente financia la organización criminal y si usa a niños para cometer los delitos, entre otras circunstancias”.
El texto aprobado también precisa el procedimiento para la intervención de las comunicaciones, del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de los integrantes de la organización criminal. Octavio Salazar finalizó señalando que espera que el Pleno no ponga trabas a una ley tan necesaria para la lucha frontal contra la delincuencia desde el Parlamento.