Una excolaboradora parlamentaria afirmó ante la fiscalía que entregaba aproximadamente S/ 2.000 al mes, coincidiendo con lo expresado por el primer denunciante.
A pesar de que la Comisión de Ética blindó a la congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso tras las acusaciones de reducir los salarios de sus empleados, la fiscalía continúa investigándola. Durante esta investigación, una exmiembro de su equipo reconoció que se le solicitó entregar parte de su sueldo. La versión de esta testigo se corresponde con la denuncia pública hecha por el excolaborador parlamentario Carlos Marina, quien afirmó en marzo pasado que el asesor principal de Ruíz en ese momento, Jhonny Romero, le pedía mensualmente la cantidad que recibía del Congreso como bono de alimentación, alrededor de S/ 2.000.
La testigo, cuya identidad se mantiene en secreto, afirmó ante la fiscalía que Jhonny Romero la contactó de manera insistente para que entregara parte de su salario. Además, presentó al Ministerio Público un comprobante de un depósito que hizo durante su tercer mes de trabajo en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso, presidida por Ruiz. Esta declaración se produjo en las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, según informó «Punto Final».
En su testimonio, también implicó a Jaime Sánchez Parra, otro exasesor de la congresista de Alianza para el Progreso. La testigo mencionó que en enero de 2022, llamó a Jaime Sánchez, quien posteriormente le indicó que había una oportunidad de empleo y que la condición para su contratación era contribuir con el concepto de refrigerio para apoyo social, siendo un monto de S/ 2.000 en marzo de 2022.
Además, relató que en mayo de 2022, cuando viajó a Trujillo para cumplir con actividades parlamentarias de Ruíz, el entonces asesor parlamentario Jhonny Romero les exigió a ella y a Carlos Marina entregar una parte de sus salarios. Según su relato, en ese momento, Marina discutió con Romero, quien le explicó que el dinero se usaba para pagar las deudas de la congresista.
En junio pasado, la Comisión de Ética se negó a solicitar al pleno del Congreso una suspensión de 120 días para Ruíz y solo aprobó una amonestación escrita y una multa equivalente a 30 días de su salario como parlamentaria.