Ministerio Público ordena que alcalde de Longotea y cómplices sean acusados

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Ministerio Público ordena que alcalde de Longotea y cómplices sean acusados

 

Por escandaloso caso de obras de agua y alcantarillado que jamás se culminaron y que habrían favorecido a empresa de Daniel Salaverry.

 

El Ministerio Público de Cajamarca ordenó que se  siga con el proceso al alcalde provincial de Longotea, y sus presuntos cómplices Luis Fernando Calderón Carbajal, Judith Irene Araujo Araujo, Luis Antonio Izquierdo Sánchez (miembros del Comité de Licitación que adjudicó la obra) y Roy Summer Garrido Cachay, veedor del referido proceso.

 

La 3ra. Fiscalía Penal de Cajamarca, ante la consulta del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Bolívar, que hizo pública su discrepancia con la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal del caso, Edgar Castope Sangay, decidió apartar a este fiscal del caso, anular su solicitud de sobreseimiento y ordenar que sea el  Dr. José Leonidas Azañero Llanos, Fiscal Adjunto Provincial de Bolívar, quien formule acusación contra los mencionados funcionarios.

 

Como se recuerda el municipio de Longotea, convocó a licitación en la obra “ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del CPM San Vicente de Paúl (Chorobamba, Capillapampa y El Jardín), resultando ganador el consorcio Diamantes, a quien se otorgó la buena pro en el 2011.

 

Faltando cinco días para la firma del contrato respectivo, el 23 de setiembre del 2011, el municipio comunica  a la entidad ganadora que debía cambiar su carta fianza, por provenir de una entidad no reconocida por la SBS, dándole cinco días para la subsanación.

 

El día 27, cuatro días después y dentro del plazo, el Consorcio Diamantes cambia su carta fianza por una proveniente del Banco Continental, sin embargo el 26 de setiembre el alcalde de Longotea, Segundo Tomás Araujo Sánchez  de manera sorpresiva había expedido la resolución N°045-2011-MDL/A que dejaba sin efecto la buena pro y convocaba a nuevo proceso, a pesar que el consorcio afectado había interpuesto apelación e incluso denunciado el caso ante el OSCE que había ordenado la suspensión del proceso.

 

La ley de contrataciones del Estado ordena que si el ganador de la licitación no llega a cumplir los requerimientos de ley para la firma del contrato, el que quedó segundo asumía la responsabilidad, pero esto tampoco se respetó.

 

Contra todo, se nombra un nuevo Comité de Licitación conformado por Luis Fernando Calderón Carbajal, Judith Irene Araujo Araujo, Luis Antonio Izquierdo Sánchez, pero extrañamente no eran funcionarios de la municipalidad de Longotea sino que fueron contratados por un mes para una supuesta asesoría por servicios no personales, pero terminaron formando parte de la comisión.

 

Aún más extraño si se sabe que Calderón Carbajal fue un conocido colaborador en la campaña electoral  de Daniel Salaverry en el 2010, y ambos fueron regidores provinciales en el periodo 2006-2010.

 

Este nuevo Comité da por ganador a DSV Constructores, la empresa de Daniel Salaverry.  Lo irregular del proceso motivó que Consorcio Diamantes denunciara judicialmente el caso tanto al alcalde por no haber respetado la Ley de Contrataciones del Estado y haber cometido presuntamente delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y Abuso de autoridad en agravio del Estado, como a los miembros del comité de licitación y el veedor de la obra que también era el tesorero de la municipalidad y estaba prohibido de asumir ambos cargos. El proceso recién se inicia, pero lo peor es que las obras jamás habrían sido culminadas.

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