Familiares de los 13 trabajadores de la minera Poderosa, secuestrados y asesinados en la provincia de Pataz, región La Libertad, llegaron desde Tumbes, Piura, Lambayeque y Loreto para exigir justicia y pedir que el Estado o la empresa minera asuma los costos del traslado de los cuerpos a sus regiones de origen.
Los cadáveres fueron trasladados aproximadamente a las 2:00 a. m. de este lunes a la División Médico Legal del Ministerio Público en Trujillo. Hasta el momento, los familiares permanecen en las afueras de la morgue, donde llevan casi dos días esperando información sobre la entrega de los restos. Según las autoridades, los cuerpos aún deben pasar por los exámenes forenses correspondientes antes de ser entregados.
Diversos gremios empresariales y de trabajadores emitieron un comunicado en el que responsabilizan al Estado por la masacre, señalando que es consecuencia directa de la falta de una política integral y efectiva frente a la minería ilegal. También criticaron el mantenimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que califican como un mecanismo que favorece actividades fuera de la ley.
Por su parte, la minera Poderosa expresó su “solidaridad con las familias de las víctimas” y denunció que un total de 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en la región por bandas criminales. La empresa advirtió que Pataz se ha convertido en un “territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente”.