El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha convocado recientemente dos concursos públicos la N° 008-2014 y el N° 009-2014 para cubrir plazas vacantes de Jueces y Fiscales a nivel nacional, aplaudimos la iniciativa porque permitirá disminuir la provisionalidad en los juzgados y fiscalías y por ende mejorara el sistema judicial.
Hasta allí está bien, pero rechazamos la discriminación del CNM al no permitir que en este concurso público sea abierta, equitativo y sin restricciones para que participen un gran número de abogados, al poner límites, que es el costo para que puedan concursar como Juez o Fiscal.
Letrado que no cuenta con S/. 700.00 o 500.00 nuevos soles no pueden postular al Consejo Nacional de la Magistratura, porque tienen que pagar un derecho de inscripción al Banco de la Nación y luego dar su examen de admisión.
El CNM está violando la Constitución Política del Perú, específicamente los derechos fundamentales de las personas Art, 2 inc. 2 que prescribe “A la igualdad ante la ley y nadie puede ser discriminado por motivo de condición económica o de cualquier índole”.
Todos los concursos públicos que realiza el estado son gratuitos Sunat, Sunafil, essalud, gobiernos regionales, locales, etc y la sunarp que cobra un derecho para postular como registrador de S/.50.00 soles, sin embargo el CNM cobra un derecho demasiado oneroso que es de S/. 700.00 soles y que muchos no pueden conseguir el dinero para postular.
Estas reglas del Consejo Nacional de la Magistratura deben cambiar. Por estas razones planteamos y lanzamos la sugerencia a los miembros del CNM que rebajen sus costos de concursos públicos que son muy onerosos y deberían ser S/. 100.00 nuevos soles para jueces de paz letrados o fiscales adjuntos; S/.200.00 soles para jueces especializados o fiscales provinciales y S/. 300.00 soles para jueces superiores o fiscales supremos.
Esperamos respuesta de los máximos representantes del CNM que fueron elegidos en las urnas por abogados y profesionales y que no pagaron ningún sol para acceder a este importante cargo y que su deber es velar por una mejor administración de justicia nombrando magistrados idóneos, capaces y honestos. (Por: Mg. Jorge Apolitano Rodríguez)