La trata de personas es un crimen que vulnera los derechos fundamentales del ser humano al engañar, coaccionar, amenazar y violentar a los individuos, atentando contra su libertad y violando su dignidad, con el fin de explotarlos.
Ante esta problemática, el Gobierno Regional de la Libertad aprobó la Ordenanza Regional N° 003-2012-GR-LL/CR, que crea la Comisión Regional Para la Lucha Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región La Libertad y la Mesa Regional de Diálogo, presidida por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, dicha comisión se encuentra integrada por la Gerencia Regional de salud, Educación, Trabajo Promoción del Empleo, Transportes, Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Municipalidad Provincial de Trujillo, Corte Superior de Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, SUTRAN, P.N.P, Migraciones, Defensa Pública, Arquidiócesis de Trujillo, Colegio de Periodistas, Universidad César Vallejo, UPAO, Consejo Regional de la Mujer, ONG “Micaela Bastidas, Red Cenares y el Centro de Emergencia Mujer.
Es por ello que el equipo técnico integrado por representantes de las instituciones antes mencionadas, sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de actualizar de manera participativa y concertada el instrumento de política pública regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de La Libertad, además de revisar y validar el “Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región La Libertad”, período 2015-2021, dicha reunión estuvo presidida por la sub. Gerente de Desarrollo Social, María del Carmen Herrera Florián.
Luego de los aportes de cada uno de los participantes, este importante documento de gestión se encuentra en su etapa final con la asistencia técnica debida, a espera que durante el transcurso de las próximas semanas, se cuente con la resolución ejecutiva regional correspondiente para su presentación oficial; De esta manera, la Región la Libertad, contará con un instrumento que permita establecer acciones de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, impulsando mecanismos de prevención, persecución y sanción de dichos delitos, además de brindar protección y asistencia segura, a las víctimas, testigos, colaboradores y peritos, vinculados a la investigación de tales delitos.