Las autoridades regionales, la policía, periodistas y ciudadanía trujillana sabemos que las llamadas telefónicas de extorsión salen del penal El Milagro, sin embargo el Gobierno central (Ministerio del Interior y Justicia) se comprometieron que este caso se resolvería a mediados de abril del presente año, hasta la fecha no hay día exacto de la instalación de los bloqueadores de celulares para frenar las extorsiones en la región La Libertad.
Analizando el caso de este problema que agobia a la sociedad trujillana, nos damos cuenta la falta de decisión y voluntad política del gobierno central. En este proceso de emergencia el Poder Ejecutivo puede dar un Decreto de Urgencia de exoneración para la comprar de equipos (bloqueadores) para reforzar la seguridad ciudadana.
Hoy nos damos cuenta los trujillanos que tan difícil es el trámite de exoneración para la comprar de bloqueadores. Recordamos que el alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, quiso tomar una iniciativa firmando un convenio de donación con el INPE comprando los bloqueadores para frenar la delincuencia y las extorsiones en su distrito, pero fue frustrado por las exigencias burocráticas.
Recuerdo esta iniciativa de Daniel Marcelo fue en noviembre del 2012, pero los opositores que no quieren ver el progreso y la seguridad en nuestra región, le cuestionaron esta acción que debería ser tomada por el gobierno central como es Ministerio de Justicia (INPE) que tiene el control las cárceles del país.
Han pasado dos años y el Gobierno Central que se comprometió instalar los bloqueadores de celulares en el penal El Milagro, para impedir que los delincuentes sigan haciendo llamadas de extorsión a transportistas, empresarios y profesionales, aun no hay fecha exacta para su instalación y operatividad.
El Ministro del Interior Walter Albán, se comprometió que la quincena del mes de abril del presente año, se estaría colocando estos dispositivos en el penal el Milagro. Sin embargo no hay noticias concretas, más bien contradicciones porque el Ministro de Justicia ofreció que la instalación se realizaría en el mes de enero del presente año.
Sin embargo observamos que el Gobierno Central a través de sus entidades competentes exonera trámites de licitación en obras millonarias y en compra de armamentos y para esto caso de nuestra región no se puede solucionar una compra. No se necesita de muchos millones, sino más bien se requiere de voluntad política para frenar los delitos de extorsión.
Por: Mg. Jorge Apolitano Rodríguez