Su presidenta Gloria Montenegro expuso ante Comisión del Congreso de la República. Crear un organismo autónomo de las entidades que se dedique a supervisar la ejecución de obras, que puede ser adscrito a la Contraloría General de la República, planteó esta tarde en el Congreso la presidenta de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro Figueroa.
Fue durante la exposición que hizo ante la Comisión de Descentralización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de las República, respecto al modelo de gestión pública de lucha contra la corrupción en los gobiernos sub nacionales, así como propuestas legislativas para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Dijo que es necesaria la supervisión periódica de las obras públicas concluidas y que además se debe eliminar la autorización que permite que entidades internacionales se encarguen de la conducción de procesos de contratación de obras públicas.
Montenegro Figueroa durante su exposición pidió promover y fortalecer el control social mediante audiencias públicas para la rendición de cuentas, de autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno, para que demuestren honradez y transparencia en la ejecución del gasto público y evitar lo que viene sucediendo en forma escandalosa en el país.
También se refirió a la deficiente preparación o capacitación de los fiscales en contratación y gestión pública, lo que genera que muchas veces las denuncias planteadas vayan al archivo quedando impunes los actos de corrupción que se producen en los diversos niveles de gobierno.
Explicó como ejemplo que los policías, los inspectores de tránsito, de comercio ambulatorio cumplen muchas veces una deficiente labor de fiscalización y caen en actos de corrupción, debido a una falta de control o supervisión; y que hay casos en que los supervisores de obra se coluden con los contratistas en la ejecución de obras.
Para frenar la corrupción en estos ámbitos de gobierno, la presidenta de AMPE planteó promover veedurías públicas, instituyéndose en cada entidad un buzón de quejas y denuncias a ser evaluadas por un Comité de Ética y derivarlo a la Comisión de Procesos Administrativos.
Pero también demandó desarrollar y fortalecer principios y valores éticos desde la familia, en la comunidad educativa y en la sociedad, a la vez invocó a los medios de comunicación masiva: radio, televisión, prensa escrita y digitales que cumplan su rol de educar y orientar inculcando valores durante su programación diaria.
Con respecto al sistema administrativo explicó que sus estructuras, normas y procesos no responden a la necesidad de la población, comenzando a veces con una deficiente selección de personal. Acotó que el SNIP no ha dado respuesta ni a la eficiencia ni a la transparencia, al igual que los soportes informáticos: SIAF, SEACE y otros del Estado no cumplen los fines para los cuales fueron creados.
Montenegro Figueroa demandó un mayor desarrollo en el control preventivo por los OCI y sostuvo que es necesaria la implementación y el fortalecimiento del sistema de control interno de acuerdo a las directivas fijadas por la Contraloría General de la República. Actualmente los controles son ex, post, burocráticos y resultan extemporáneos.
Por otro lado planteó la asignación de mayores recursos a la Contraloría General de la República, para su fortalecimiento y cumplimiento eficiente de su labor y que se cumpla la Ley Nº 29555 sobre la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de las OCI a la Contraloría. Refirió que alrededor del 80% de sus funcionarios son remunerados por la propia entidad donde ejercen sus funciones.
Propuso además la modificación del Decreto Legislativo 1017 y Decreto Supremo 084-2008-EF respecto a los procesos de contratación de obra pública a fin de eliminar los límites del 90% y 110% del Valor Referencial y que todos los adicionales de obra deben tener opinión favorable de Contraloría General de la República (actualmente: hasta el 15% aprueba el titular).