La mañana del jueves 14 de agosto, Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva por presunto cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la medida a través de sus redes sociales, indicando que el exmandatario fue clasificado en dicho establecimiento. La institución también aseguró que se respetarán sus derechos fundamentales y que el régimen penitenciario se cumplirá estrictamente según la ley.
En Barbadillo también cumplen condena o prisión preventiva otros tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, informó que presentará un recurso de apelación a más tardar el mismo jueves, manifestando su confianza en que la resolución del juez será revertida. Criticó la decisión, calificándola de arbitraria y producto de la presión mediática, señalando además que se cuestionó el arraigo familiar de su defendido, algo que —según dijo— nunca fue observado por la fiscalía.
La medida forma parte de un proceso en el que se investiga a Vizcarra por presuntamente recibir S/ 2,3 millones en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa, vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, determinó que existían elementos suficientes para dictar la prisión preventiva, considerando el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la investigación.