El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, sostuvo que los esfuerzos emprendidos en los últimos diez años por el Estado para atender las secuelas de la violencia ocurrida durante los años 1980-2000 han sido importantes pero insuficientes y no han estado exentos de dificultades, demoras e, incluso, retrocesos.
Así lo señala el Informe Defensorial Nº 162 “A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso” presentado recientemente.
Este informe da cuenta del nivel de implementación de los programas del Plan Integral de Reparaciones (PIR), la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares, así como los avances y dificultades en materia de investigación y juzgamiento de las graves violaciones a derechos humanos.
Además, formula recomendaciones con el fin de contribuir a superar los obstáculos que aún afrontan estos procesos de cara a lograr que el Estado atienda de manera integral, adecuada y eficiente a todas las víctimas de la violencia.
En materia de reparaciones, de los siete programas creados, dos han experimentado diversos avances (reparaciones colectivas y económicas individuales). En efecto, sólo 33% de las comunidades afectadas ha recibido reparación colectiva y 37% de beneficiarios ha recibido reparación económica individual.