El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Valdez Farías, dijo que ya se ha denunciado al consorcio a cargo de la obra “Puesta en Valor de la Plazoleta El Recreo, del Centro Histórico de Trujillo”, la que ya tiene un avance superior al 50% y es hecha con financiamiento de 2 millones 402 mil 481.03 del Plan Copesco.
Según explicó, la denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno, por el presunto delito de falsificación de documentos y uso de documentos falsificados, en la modalidad de delito contra la fe pública por falsificación de documentos privados y uso de los documentos.
Igualmente, este caso fue hecho de conocimiento ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para que proceda a adoptar las acciones que le competan.
La denuncia fue hecha contra el Consorcio Guadalupe, conformado por las empresas Constructora Blagonza S.A.C., Blacido González S.A., Constructora e Inmobiliaria, OP & c S.A.P., y Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C.
El funcionario indicó que tras conocerse este caso se trabajó con mucha cautela e inteligencia, adoptando una estrategia que permitiera evitar perjuicios mayores a la municipalidad y a la ciudad, y que la obra se paralice por mucho tiempo.
“Parte de la estrategia fue trabajar en silencio, no se podía adelantar nada para que los involucrados no paralicen la obra”, aseveró.
La Gerencia de Administración de la Municipalidad de Trujillo actuó de acuerdo a lo que competía respecto a la verificación de las cartas fianza, al buscar la certificación financiera de su validez. A partir de la respuesta recibida es que se empezó a trabajar en una estrategia que le causara menor perjuicio, manifestó seguidamente.
“Se adoptó una decisión y hubo todo un procedimiento al respecto, porque se habían hecho adelantos económicos a la constructora, como establecen las normas vigentes”, indicó el funcionario.
Valdez Farías señaló que se pudo ser más riguroso y quizá rescindir el contrato con el consorcio constructor, pero esto implicaba que la obra se iba a paralizar y que si se llevaba el tema al Poder Judicial no se sabía cuánto tiempo podía estar paralizada.