Sobre los cambios a la ley No. 30288 debe convocar el poder ejecutivo una legislatura y abrir el más amplio debate, para lograr una norma que busque el pleno empleo y de darle valor agregado al trabajo juvenil, sostuvo Luis Negreiros, declaración a los medios de comunicación.
El objetivo de “la ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social” de dicha ley es inalcanzable con medios que no son idóneos legal como técnicamente. Las modificatorias que se proponen no hacen eficaz su implementación. El ejemplo más reciente, al pago de la CTS Los empleadores no querrán pagarla. Los trabajadores exigirán este derecho que garantiza la Constitución histórica. Mientras el gobierno para calmar a los empleadores, que podría ser media CTS que es la que pagan a los trabajadores de la pequeña empresa, explico Negreiros.
Estas nuevas propuestas como CTS se pretenden concretar vía reglamento. La interpretación de la ley, se hace con otra ley y no como sostiene el gobierno via reglamentación. A pesar que los juristas le adviertan el error. El reglamento puede precisar, instrumentar e implementar la ley. Si invade el mandato de la ley será controversial, contradictoria, lo más grave, tornándola ineficaz para el acceso al empleo juvenil. Más aun cuando la ley es opcional para empleadores y perjudica a los trabajadores con el desempleo.
La ley debe tener las virtualidades de reducir el desempleo así como debe consolidar derechos y beneficios para los jóvenes que tienen uno. El valor agregado son la capacitación y especialización de los jóvenes a cambio de lo cual el Estado otorga beneficios tributarios, propone líneas centrales de formación laboral y de especialización acordes con los sectores de actividad productiva, generan condiciones a la continuidad laboral.
La discriminación laboral genera frustración y fracaso laborales, como la pretende la ley de marras- Por ello, es conveniente una ley general de trabajo; que fomente el diálogo social y la negociación colectiva, que es deber del Estado. Durante 15 últimos años los sectores dominantes de la política no aceptan siquiera debatir un proyecto que cuenta con opiniones de OIT, de reconocidos laboralistas de diferentes tendencias de pro trabajador o pro empresa o posiciones de democrático equilibrio.
Sobre las marchas esta movilización social debe continuar y sacudir la irresponsabilidad de sectores dominantes de la política que durante los últimos 25 años de neoliberalismo se han pasado confiando en promesas embaucadoras de que el trabajo decente es una consecuencia de la “libre contratación” donde el trabajador es la parte débil. O postergando con cualquier motivo los planteamientos, que pagan los trabajadores.