La asesoría legal de la gerencia de Desarrollo Social, en base a los más de 350 expedientes en proceso administrativo y resoluciones de la sugerencia de Salud, en 264 de ellos encontró causales que ameritaron la imposición de sanciones pecuniarias y no pecuniarias, como es la clausura temporal de los establecimientos, durante el año pasado.
Fueron un total de 264 resoluciones de sanciones pecuniarias, suscritas por la gerente de Desarrollo Social, Tania Baca Romero, por un monto que alcanzó los 519,830 soles, que son derivadas al SATT cuando no haya apelación ante la Gerencia Municipal, que es la última instancia administrativa en la municipalidad.
Sin embargo la cobranza de las multas administrativas pecuniarias impuestas a los infractores, por infracciones contra las normas sanitarias, sufre gran retraso para efectivizar su cobranza cuando se resuelven apelaciones en segunda instancia ante la Gerencia Municipal y cuando los presuntos infractores acuden al Poder Judicial.
El año pasado fueron 217 expedientes que ameritaron pago de una multa pecuniaria, 16 infractores pagaron en las oficinas del SATT la suma de 32 mil 930 nuevos soles, los expedientes de 140 infractores con mutas por 286 mil 731 soles se encuentran en el SATT para cobranza coactiva y 57 expedientes por 96 mil 200 soles pasaron al SATT para iniciar su cobranza.
Es intenso trabajo legal es generado por la gran cantidad de expedientes que son remitidos por la subgerencia de Salud, a la gerencia de Desarrollo Social, porque la vigilancia sanitaria, desde la subgerencia de Salud a cargo de Julio Torres Vigo, se ejecuta casi todos los días útiles de la semana.
Pese a los llamados e invocaciones hechas por la MPT, muchos establecimientos no cumplen las recomendaciones de salubridad para no perjudicar la salud pública y durante las intervenciones se aprecia graves deficiencias higiénicas, por lo que la comuna edil debe infraccionar.