El miércoles, desde las 8:00 a.m., los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) desarrollarán una sesión ordinaria con participación de representantes de diferentes gerencias de la comuna, a fin de determinar la regulación o desaparición de las más de 400 tranqueras que hay en diversas partes de la ciudad.
Será durante el debate que se efectúe sobre el proyecto de Ordenanza Municipal que regula el Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo.
Sobre este tema se adelantó que hay gerencias y subgerencias que tienen planteamientos distintos, por lo que se escuchará los sustentos técnicos y legales para decidir finalmente por la opción mas conveniente para la comunidad.
Según se adelantó, la Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial, y la Subgerencia de Participación Vecinal de la MPT opinaron a favor que las tranqueras deberían ser reguladas con la colocación de un vigilante y permanecer cerradas y/o abiertas en determinadas horas.
Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Asesoría Jurídica, plantearon la desaparición de las tranqueras.
En ambos caso, las opiniones están apoyadas en principios constitucionales y no dejarían de tener razón. Los que apoyan la regulación de las tranqueras tienen su sustento en el principio constitucional de seguridad.
Durante esta reunión de trabajo el pleno debe consensuar ambas posiciones y una vez definidas con claridad, ponerse a trabajar en los procedimientos necesarios por la opción que finalmente se adopte.
El regidor provincial y presidente de la Comisión de Organización del Espacio Físico y los Usos del Suelo, José Félix de la Puente Grijalba, manifestó que su posición se basa en combinar ambas partes. “Personalmente, preferiría que existan las tranqueras, desde luego, supervisadas y aprobadas por la municipalidad”, precisó.
Añadió que por el tema de seguridad, falta de apoyo logístico y por la cantidad de tranqueras que hay, estas no podrían ser retiradas pronto. Sin embargo, estimó que en tres años la población podría retirarlas, plazo en que la municipalidad podría ofrecer mayores garantías de seguridad a la comunidad en general.