Piden intervención de Fiscalía en municipalidad de Sayapullo. En juego están S/. 399,177.86. Obra tiene un avance del 60% y debió terminarse en abril.
Bajo sospecha. Un mal manejo del dinero se estaría dando en la gestión del actual alcalde del distrito de Sayapullo (Gran Chimú), Huver Castañeda Rivas. Las irregularidades se habrían presentado en la obra: “Creación de puente carrozable El Guardián – caserío Huancajanga”.
La denuncia fue presentada por el vacado alcalde de esa jurisdicción, Amancio Rodríguez Vigo, quien con fecha 25 de junio de 2014 solicitó a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, se realice una inspección ocular al trabajo que se ejecuta en este lugar de la sierra liberteña.
En el documento, ingresado al Ministerio Público, Rodríguez Vigo explica que cuando aún era alcalde, con fecha 17 de diciembre de 2012, firmó contrato de ejecución de la obra con la empresa Construcción y Minería Olemar S.A.C. para la construcción del puente, por el monto total de S/. 399,177.86, con un plazo de ejecución de 90 días, según las cláusulas, segunda, tercera y quinta.
Explica que de acuerdo a la cuarta cláusula del referido documento, la Municipalidad Distrital de Sayapullo se obliga a pagar la contraprestación en periodos de valoración mensual.
Asimismo se obliga a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Es decir, la cancelación del monto total de la obra se tenía, según el contrato, que realizar de acuerdo al avance de los trabajos que realice la empresa Construcción y Minería Olemar SAC. de acuerdo a la verificación que hagan los ingenieros de la Municipalidad.
No obstante, según advierte el vacado alcalde de Sayapullo, al ingresar a Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 24 de junio aparece que de la cuenta canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones de la Municipalidad Distrital de Sayapullo, se ha cancelado la suma de S/.359,260 de un total de S/.399,117, el cual constituye el presupuesto para la construcción puente carrozable El Guardián; es decir, se ha cancelado la ejecución total de la obra.
Sin embargo, Amancio Rodríguez Vigo advierte que este pago resulta irregular, puesto que la obra antes mencionada no ha sido culminada; no obstante ello, se ha cancelado como si ésta ya hubiera sido terminada, por lo que advierte la existencia del delito de corrupción de funcionarios, razón por la cual ha solicitado la intervención de la Fiscalía.
La obra empezó en febrero de este año y de acuerdo al contrato tuvo que culminarse en abril; sin embargo en el lugar los trabajos continúan y tiene un avance del 60%. Se ha observado que se levantó uno de los estribos del puente el mismo que se ejecutó cuando Amancio Rodríguez aún estaba en la Alcaldía y recién con la actual gestión se ha empezado a instalar las bases para el otro estribo.
No aplicó penalidades
“La obra debió culminarse hace 90 días, calculadas desde su inicio, pero los trabajos siguen; sin embargo el alcalde Huver Castañeda Rivas, pese a que así lo estipula el contrato, no le ha aplicado las penalidades a la empresa por este incumplimiento y muy por el contrario ha procedido a pagarle todo lo correspondiente a la obra como si esta ya hubiera sido terminada, cuando se puede ver a simple vista que la obra está inconclusa”, sostuvo el ex alcalde de Sayapullo, Amancio Rodríguez Vigo.
Para la exautoridad, su sucesor ha infringido la ley. “El actual alcalde ha cometido no solo un delito, sino varios delitos, como peculado, asociación ilícita para delinquir, por la razón que ha pagado antes de concluir la obra, lo cual está penado. Lo único que ha hecho es sacrificar los capitales de la municipalidad para pagarle a esa empresa a pesar que no ha cumplido con el contrato”, dijo tras precisar que el caso arrastraría a otros funcionarios del municipio de Sayapullo, como el gerente y el asesor legal que permitieron el pago.
Rodríguez adelantó que el alcalde no podría argumentar que procedió a pagarle todo a la empresa para que avance con mayor rapidez la obra. “Eso no procede, no es legal. El contrato hace mención que se debe pagar de acuerdo al avance de los trabajos y en el contrato habla de las penalidades por incumplimiento del tiempo estipulado para su culminación, la cual corresponde al 10% del total de costo de la construcción”, agregó.