El gobernador republicano Bill Haslam firmó una ley para permitir al estado electrocutar a presos condenados a muerte en caso de que las prisiones no puedan obtener los fármacos usados en las inyecciones letales, que se han vuelto cada vez más escasas debido a un boicot de empresas europeas que se niegan a vender esos productos.
Legisladores de Tennessee aprobaron abrumadoramente la ley para el uso de la silla eléctrica en abril, al registrarse una votación de 23-3 a en el Senado y de 68-13 en la Cámara de Representantes local.
Tennessee es el primer estado que aprueba una ley para volver a utilizar la silla eléctrica sin dar otra opción a los presos, dijo Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que se opone a la pena de muerte.
«Hay estados que permiten a los reos escoger, pero es un asunto muy diferente que un estado imponga un método como la electrocución», dijo. «Ningún estado había ido tan lejos». Dieter dice que espera impugnaciones en los tribunales si el estado decide ejecutar a alguien en la silla eléctrica.
El legislador republicano estatal Ken Yager, uno de los promotores de la ley, dijo en una entrevista reciente que presentó la propuesta por «un temor real de que nos quedáramos sin fármacos y eso impidiera cumplir la sentencia».
La decisión se presenta en momentos en que la inyección recibe mayor escrutinio como método de ejecución, especialmente por el procedimiento que salió mal el mes pasado en Oklahoma.
En esa ocasión, el prisionero Clayton Lockett, de 38 años, comenzó a retorcerse, rechinar los dientes y levantar su cabeza de la almohada luego de recibir la inyección de uno de tres fármacos que el estado usa para la ejecución y supuestamente debió sumirlo en la inconsciencia.
La ejecución fue suspendida, y Lockett murió, al parecer, por un ataque cardíaco, 10 minutos después. Las autoridades culparon del incidente a un colapso en las venas del reo no a los fármacos usados. (AP).