Trujillo: auditoría detecta deficiencias en administración de Sedalib

Según alcalde. EPS tendrá que pagar S/100 millones por mandatos judiciales y laudo. Hay expedientes observados por S/20 millones.

El informe de una auditora sobre los estados financieros de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib), correspondiente al año 2018, revela algunas deficiencias en esa entidad, según informó ayer el burgomaestre provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto.

Detalló que de acuerdo al informe expuesto en una reunión, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) está obligada a pagar más de S/100 millones por concepto de mandatos judiciales y laudo arbitral en beneficio de un grupo de trabajadores.

Los funcionarios han responsabilizado a la administración pasada de esa situación, debido a la mala elaboración de los contratos.

“Después hay otra importante cantidad de dinero, me parece unos S/20 millones, por expedientes técnicos observados por la auditora. Encima no hay una base de datos sobre dichos expedientes. No hay información”, aseveró la autoridad edil.

Marcelo Jacinto explicó que el informe de auditoría fue aprobado por la mayoría de accionistas de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), que tiene el 85% de accionariado en Sedalib; mientras que los ayuntamientos provinciales de Ascope y Chepén se abstuvieron en la votación.

“En el tema de los trabajadores muy pocos juicios se ganan. Los jueces le dan siempre la razón a los trabajadores. En el distrito de La Esperanza, donde he sido alcalde, no hemos ganado ningún proceso. Eso afectará las arcas de Sedalib”, manifestó.

De otro lado, informó que el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) adeuda S/9 millones a Sedalib por concepto de servicio de agua en los parques y jardines de la ciudad. Las deudas a Sedalib llegan a S/200 millones. En la gestión edil pasada Sedalib cortó el servicio en unos 400 puntos de parques.

Por otra parte, Marcelo Jacinto confirmó que una parte de los S/18 millones de la licitación anulada para la adquisición de 137 videocámaras se destinarán a la rehabilitación de pistas en Natasha Alta, avenida Perú, y la otra parte irá a seguridad ciudadana.

Reveló, además, que no habrá una nueva prórroga para las empresas de servicio interprovincial que operan en el Terminal Terrestre de Pasajeros Santa Cruz y que van a los valles de Chao, Virú y Chicama. El plazo vence el 30 de setiembre. (La Republica)

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