Un total de 143 resoluciones de sanción a conductores de establecimientos públicos que trasgredieron las normas sanitarias vigentes para atender adecuadamente al público, fueron emitidas hasta el pasado 18 de julio por la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).
Todas estas resoluciones fueron suscritas por la titular del área, Tania Baca Romero, las que luego pasaron al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) para su cobranza, empleándose la vía coactiva en algunos casos, ante la renuencia de pago por parte de los infractores.
La infracción a las normas sanitarias fue detectada por personal de la Subgerencia de Salud, que en cumplimiento de sus funciones de preservar la salud pública realiza frecuentes intervenciones a establecimientos públicos que expenden alimentos, sean crudos o preparados, en condiciones atentatorias a la salud del público consumidor.
Las infracciones sanitarias se originaron entre enero y el 18 de julio del presente año. La mayoría fueron por carecer del carné de sanidad, no tener el certificado de fumigación del establecimiento, por encontrarse el establecimiento en pésimas condiciones sanitarias y por expender alimentos contaminados o no aptos para el consumo humano.
También fueron motivo de las sanciones impuestas, expender productos sin los requisitos reglamentarios como: registro sanitario y fecha de vencimiento del producto, o también por expender aves sin la inspección o sello sanitario.
COBRANZAS DEL SATT
Hasta los primeros días del mes de julio, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), ya había cobrado 13 mil 995 nuevos soles por concepto de 16 multas impuestas, las mismas que fueron canceladas por los infractores con los beneficios de la Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT.
Según el reporte, otras 71 sanciones se encuentran en proceso de cobranza coactiva por un monto total de 96 mil 360 soles.
El subgerente de Salud, Julio Torres Vigo, remite regularmente un informe de todo el trabajo realizado a la Gerencia de Desarrollo Social, precisando las infracciones cometidas por los conductores de establecimientos públicos inspeccionados, para que se adopten las acciones del caso, de acuerdo a ley.