Matrícula es gratuita y Padres de familia deberán pagar 57 soles como máximo por derecho de APAFA

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El Gerente Regional de Educación Rafael Moya Rondo, acompañado del Fiscal Provincial de Prevención del delito Luis Erick Rodríguez Musto  y el Defensor del Pueblo en La Libertad, Dr. José Luis Agüero Lobatón, brindaron esta mañana una conferencia de Prensa, en la que se dieron a conocer detalles del accionar de cada una de las mencionadas autoridades en el proceso de matrículas 2015.

Como se conoce, Moya Rondo ha iniciado una importante campaña para difundir el hecho de que la matrícula en las Instituciones Educativas estatales es completamente gratuita y el pago por APAFA, no debe pasar de los 57.5 nuevos soles, que vendría a ser el 1.5% de la Unidad impositiva tributaria, previo acuerdo de la asamblea y habiendo establecido en el POA, la inversión del dinero recaudado.

“Existen cobros excesivos de parte de las asociaciones de padres de familia, quienes se escudan en la ley Nº 28628 que los regula. Estamos exigiendo a los padres de familia que ningún pago de cuotas ordinarias o extraordinarias deba condicionar el registro de matrícula,” manifestó Moya Rondo, destacando que cerca del 90% de Instituciones Educativas en la Región La Libertad se encuentran realizando este tipo de cobros ilegales.

Anunció que se ha verificado además el excesivo cobro de cuotas extraordinarias que no tienen sustento porque deberían contar con la aprobación de la asamblea. Anunció que se está solicitando que se alcancen el acta de la asamblea general de padres de familia con las firmas y también el plan operativo anual (POA) de la Institución Educativa, en donde se pueda verificar en qué se va a invertir este dinero recaudado.

“Estamos remitiendo a las Instituciones Educativas supervisadas la notificación correspondiente, para que en un plazo de 48 horas nos hagan llegar la documentación solicitada plenamente verificada, caso contrario se estará iniciando un proceso administrativo y se está llamando la atención a las autoridades educativas,” dijo Rafael Moya.

Así mismo, Moya Rondo, dio a conocer a los periodistas asistentes a esta Conferencia, que las Ugels hasta el momento no han venido realizando un trabajo coordinado con las APAFAS y han permitido que ocurran estos hechos, pues la Oficina de Gestión Institucional de las Ugels son las llamadas a velar por este tema, contando con un  registro de cada una de las Asociaciones de padres de familia, debidamente documentado, dándoles validez a su accionar.

Por su parte, el Dr. José Luis Agüero Lobatón, Defensor del Pueblo en la Región La Libertad indicó que en efecto se está vulnerando el derecho a la educación pública, porque se está condicionando la matricula con pagos irregulares e ilegales. Esto se ha comprobado, se está comprobando día a día, son pocas las Instituciones que están cumpliendo con la normatividad.

“Las matriculas son automáticas, los padres y madres de familia no deberían asistir a la Institución Educativa sabiendo que sus hijos han aprobado el año escolar. Es ahí donde se aprovechan para realizar los cobros que el Gerente Regional Rafael Moya viene denunciando,” manifestó Aguero Lobatón.

Es necesario remarcar que en anteriores gestiones, no hemos encontrado eco en la Gerencia Regional de Educación en cuanto a la sanción, porque la denuncia va a esta instancia y las comisiones de procesos disciplinarios y sancionadores para directores que han incumplido la norma, han dejado prescribir las denuncias. Hago público el pedido de celeridad para poder cumplir con las acciones, que actúen lo más pronto posible.

A su turno, el Dr. Luis Erick Rodríguez Musto, dijo que como representante del  Ministerio Público, vienen desarrollando operativos permanentes, destacando que el código penal ha establecido sanciones penales de 1 a 4 años para este tipo de actos ilegales en las Instituciones Educativas.

“Durante los operativos hemos logrado intervenir Instituciones en algunos casos por algún delito, pero lamentablemente la Gerencia Regional de Educación no nos hizo llegar el informe legal a tiempo, demorando de seis a ocho meses. Por ello, hemos derivado algunos casos a la  Fiscalía de corrupción de funcionarios. Se ha previsto denunciar a las autoridades con inhabilitación en el cargo, colusión con las Apafas, entre otros. En realidad los hechos suscitados en estos casos son muy graves. Esperamos cumplir a cabalidad con el trabajo en equipo de las tres instituciones aquí presentes,” concluyó Rodríguez Musto.

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