Exconsejeros regionales citados en el Poder Judicial por oponerse a la venta de tierras para Virú Mar

Los doce exconsejeros regionales de La Libertad que culminaron su gestión en diciembre, han sido citados por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia a la audiencia preliminar de control de sobreseimiento, que se realizará este jueves 5, a partir de las 9 de la mañana, en su sede de la urbanización Natasha Alta.

Así ha informado este mediodía el exlegislador Mayer Haro Rafael, quien aseguró que todos los exconsejeros regionales asistirán a la audiencia para escuchar el sustento técnico legal del fiscal José Sánchez Rodríguez y el veredicto del juez Daniel Sánchez Pagador.

Haro explicó que la decisión política que practicaron los ex consejeros regionales fue para  defender los intereses de la región, en este caso, la no venta de los terrenos del Estado para Virú Mar.

Recordó que en aquella oportunidad, por no votar a favor de la venta a precios irrisorios de los terrenos para Virú Mar, los exlegisladores fueron denunciados por el delito de incumplimiento de deberes funcionales.

El exlegislador otuzcano acotó que esta denuncia se sustentaría en una interpretación del fallo del juez, donde se induce a los consejeros de aquel entonces a votar a favor de la venta de los terrenos, lo cual consideraron, por unanimidad, que era un fallo antidemocrático que lesionaba sus derechos constitucionales.

Añadió que estos actos fueron denunciados ante el Tribunal Constitucional, a través de una acción de amparo contra amparo, ya que nadie puede obligar a ningún consejero regional o a alguien que pertenezca a un colegiado, a votar a favor o en contra, pues se trataría de un voto condicionado.

“La expresión de la voluntad y la democracia es libre, más aún cuando se trata de los intereses de la región”, sentenció.

 

Finalmente, Haro manifestó que confía plenamente en que el sustento técnico legal del fiscal, respecto al sobreseimiento, sea aceptado por el juez, porque los exconsejeros regionales consideran que es justo. “Esto sería un precedente para todas las autoridades ante el compromiso de defender los intereses comunes de la región”, puntualizó.

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