Director Regional de Educación acusado de violación a la libertad de trabajo

 

Le llegó la noche al titular de la Grell

 

Con la soga al cuello. A dos años de pena privativa de la libertad de carácter suspendida, fue condenado el titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Willard Loyola Quiroz.

 

El funcionario es acusado por el delito de violación a la libertad de trabajo en la modalidad de incumplimiento al mandato judicial, en agravio de Yembi Nori Coronel Mejía, una ex trabajadora de dicha dependencia del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL).

 

Tal sentencia fue dictada por el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que preside la juez Liliana Janet Rodríguez Villanueva.

 

EL TEMA. Según la resolución N° 5, emitida por dicho juzgado el último 30 de julio, en la parte expositiva sobre los hechos y circunstancias objeto de la acusación, se precisa a la letra que: “Se reincorpore a la demandante (Yembi Coronel Mejía) en el cargo de técnico en computación que venía desempeñando al momento de la transgresión de sus derechos laborales (…)”.

 

Cabe precisar que en la declaración testimonial de Coronel Mejía, la denunciante señala que “hubo una interrupción en su trabajo por despido arbitrario, entre siete y ocho meses, manifestando que hizo un juicio para que se reincorporara nuevamente en su centro de trabajo”, se lee.

 

“Asímismo, indica que desde el 2005 al 2007 en la modalidad de servicios no personales contratada como técnico en el área de Resoluciones, Actas y Títulos, y que todo dependía de la Oficina de Trámite Documentario, dependiendo de la Dirección Regional de Educación de La Libertad – ex Direll (ahora Grell), fue reincorporada mediante medida cautelar, pero la mandaron al área de almacén no siendo las labores para un técnico”, se acota.

 

CONTRA ORTEGA CHOZ. Entre otros aspectos, la demandante manifestó “que el señor Ortega (refiriéndose al ex titular de la Grell, Juan Ortega Choz), ordenó que la mandaran a almacén cuando él (Ortega) tenía el cargo de gerente. Indica que dejó de percibir remuneración en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, porque se opuso a firmar un contrato de CAS, cuando ella no debería ser contratada en dicha modalidad”.

 

En tal sentido, Ortega Choz, en su condición de titular de la Grell, fue quien habría dejado dicho “saldo” a la nueva gestión, en este caso, la que ahora encabeza Willard Loyola, el mismo que acaba de ser sentenciado por no cumplir con un mandato judicial que ordenaba reponer a la mencionada trabajadora de la Grell.

 

SUJETO A REGLAS. Por tal situación, tal como dictamina el Sétimo Juzgado Unipersonal de Trujillo, al funcionario se le dictaminó que debe estar sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) A no volver a cometer nuevo delito doloso; b) A reparar el daño causado a la víctima consistente en cumplir con reponer a la agraviada en el cargo que le corresponde por mandato judicial, c) El pago de la reparación civil ascendiente a S/. 1,000 nuevos soles (mil soles) dentro del término de 30 días; d) A concurrir a firmar al local del juzgado de ejecución cada 30 días y dar cuenta de sus actividades; e) A no cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado.

 

Todo ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 59 inciso 3 del Código Penal.

OTRO ANTECEDENTE. Sin embargo, dicha sentencia contra Loyola Quiroz podría traerle otras nuevas consecuencias, e incluive hasta más severas.

 

Ello, debido a que el pasado seis de junio de este año, el mismo Sétimo Juzgado Unipersonal de Trujillo, con resolución N° 7, emitió un fallo en el que precisa que a Willard Loyola, acusado como autor de la comisión del delito contra la administración pública, desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado, se le reserve el fallo condenatorio por el plazo de un año, a condición de que cumpla con algunas reglas de conducta, entre ellas, se cita que Loyola Quiroz “no (debe) cometer nuevo delito doloso”.

 

En conclusión, dicho acápite viene a ser el mismo que se aprecia en uno de los incisos del anterior documento judicial mencionado al inicio; en consecuencia, el funcionario del gobierno regional podría afrontar una nueva acusación que lo complicaría más en el cargo que hoy ostenta.

 

Cabe mencionar que la medida de reserva del fallo condenatorio en favor de Loyola Quiroz fue porque éste aceptó ser responsable de los hechos atribuidos y los cargos en contra de Lilette Villavicencio Palacios, a quien no se le reconoció el pago de crédito de devengado por concepto de remuneración. (Fuente: Correo)

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