Cuando la tarifa no basta, la reforma apremia…Por: Marco Reyna

la reforma apremia

 

El autor analiza el crecimiento demográfico en el continuo urbano de Trujillo, su impacto en los servicios públicos y el alto costo de oportunidad que significa la ausencia de articulación territorial de los niveles de gobierno nacional y regional para incorporar políticas de saneamiento que repercutan  en la calidad de vida de los ciudadanos.

 

“No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato.” señaló con acierto Deng Xiaoping (1904–1997), político reformista y líder del Partido Comunista Chino entre 1978 y comienzos de la década de 1990, haciendo referencia al pragmatismo que llevó a la República China Popular de ser una nación en vías de desarrollo a convertirse en una de las primeras economías del mundo.

 

La referida frase propone que con total independencia del contenido ideológico de un gestor público, lo que efectivamente importa al ciudadano es la calidad del servicio que recibe como contraprestación a su aporte impositivo tributario, además dicho servicio, debe ser brindado en el momento oportuno y sobre todo, sostenible en el tiempo.

 

Durante la última década Trujillo ha sido objeto de un importante crecimiento demográfico, debido al dinamismo propio de la ciudad (la tasa de natalidad es 4 veces mayor a la de mortalidad), así como por efecto de importantes procesos migratorios vinculados a circunstancias económicas, educativas, laborales e  incluso podríamos decir que hasta de prejuicio – que la ciudad es mejor que el campo -, poniendo en evidencia y compromiso el déficit de servicios e infraestructura pública. Sólo para efectos de graficar lo expresado, el continuo urbano de Trujillo conglomera al 98% de población, muestra clara e irrefutable del irreversible proceso de urbanización de la ciudad y por ende la profunda necesidad de modernizar los bienes y reformar los servicios que se prestan a los usuarios.

 

Optimizar la cobertura de agua, su calidad, la presión, continuidad, alcantarillado y su tratamiento; mejorar el sistema de movilidad de las personas, vehículos, mercancías, así como la calidad y gestión del aire, las vulnerabilidades a las que se encuentra expuesta la ciudad como producto de estresores climáticos, la mejora de los procesos de planificación, la regulación del orden para la convivencia, la eficiencia en inversión de  estructuras y capacidades del servicio, ampliar y mejorar la recaudación – política fiscal, son sólo alguno de los grandes retos que afronta un moderno gestor público, que como si fuese poco, debe articular dentro de un marco regulatorio desconfiado, represivo y a veces con justa razón limitante.

 

Pero si de reforma de los servicios públicos se trata, el Agua y Saneamiento no es ajeno a ello, tras largas décadas las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) atraviesan uno de sus más críticos momentos, donde los altos costos ligados a procesos de administración, el incremento acelerado en gastos de operación y mantenimiento de redes, la ausencia de sectorización en la distribución y en la descarga, la baja recaudación por desfase tarifario y la visible ausencia de contribución del Gobierno Central y Regional, representan solo algunos de los grandes retos afrontar.

 

Tratar de conocer porqué la difícil situación no es tarea sencilla, en ella converge situaciones político económicas demasiado sensibles al usuario que han predominado a lo largo de su historia, incluso, frente a la concurrencia de modelos privados que intentaron incorporarse a dicha gestión empresarial. Desde la entrada en vigencia del actual modelo económico constitucional, se ejecutaron importantes procesos de privatización o concesión, sin embargo el servicio de saneamiento subsistió gracias a su alto grado de sensibilidad social y no precisamente por ostentar eficiencia ni mucho menos sostenibilidad.

 

A mediados de la década de los 90 el proceso de descentralización pretendió dotar a las EPS de un sistema más dinámico, planteando para ello un modelo de estructura societaria privada en favor de los gobiernos locales (con excepción de la EPS de Lima), pero con regulación de sus sistemas transversales aún ligados al de entidad pública, además de continuar arrastrando importantes deudas económicas. Los resultados de esta municipalización del saneamiento y su nulo apoyo gubernamental dio como consecuencia una segmentación del mercado (podía haber tantas EPS como municipios), impidió aprovechar en la práctica economías de escala, se perdió la posibilidad de alinear políticas sectoriales que emanen de un mismo ente rector, incapacidad económica para renovar la infraestructura ligada a la producción, distribución, recolección, tratamiento y reúso, además del alto componente político.

 

Un nuevo intento se produce a partir del año 2006, a partir de la Política Nacional Sectorial en Saneamiento (PNS 2006 – 2015) que reconoce, por fin, la necesidad de estructurar la tarifa para que cubran el costo real de la operación, el mantenimiento del servicio, las inversiones en infraestructura, así como reconocer, que los subsidios que otorgue el sector estén dirigidos exclusivamente para los sectores que menos capacidad de pago tienen; además se comprometen a las EPS a la obtención de un subsidio de inversiones contra resultados de eficiencia en la prestación del suministro, y por último, reconoce la necesidad de la búsqueda de modelos económicos públicos – privados que contribuyan la gestión organizacional y disminución de costos operativos.

 

Si la política sectorial nacional aún se encuentra en vías de implementación y desarrollo, la articulación y contribución de los gobiernos regionales va, por así decirlo, por el mismo camino. Solo para tener otra idea del contexto, de 1,434 millones de soles de presupuesto a nivel de gobierno regional (año 2013), sólo se ha invertido en saneamiento urbano 500 mil soles, vía transferencia o donación, es decir el 0.03% de su PIM, pese a la clara delimitación de competencias regionales que establece el deber de apoyar técnica y financieramente en la prestación del servicio, así como concurrir en la formulación, aprobación y evaluación de los planes y políticas en saneamiento.

 

“Política Nacional Sectorial en Saneamiento (PNS 2006 – 2015) que reconoce, por fin, la necesidad de estructurar la tarifa para que cubran el costo real de la operación, el mantenimiento del servicio, las inversiones en infraestructura, así como reconocer, que los subsidios estén dirigidos exclusivamente para los sectores que menos capacidad de pago tienen”.

 

En este difícil y complejo contexto, el Perú ha iniciado desde hace algunos años atrás y de manera decidida, el reto de modernizar el servicio de saneamiento, empezando por dictar nuevas reglas en la conformación directiva que incorpore de forma fehaciente un grupo humano profesional y especializado, además de reformas legislativas de modernización tendientes al aseguramiento cobertura, calidad y sostenibilidad del servicio, a la evaluación de las EPS, al reflotamiento de las empresas que resulten inviables económica y financieramente, a la promoción de la inversión pública y mejora del sistema de subsidios para los sectores de pobreza y extrema pobreza.

 

No existe reforma más inclusiva y sostenible que la modernización de los servicios públicos del Estado, la misma que se presenta como un importante reto y a la vez la oportunidad perfecta para que los distintos niveles de gobierno acorten la brecha de infraestructura y servicios que la población requiere. En el sector saneamiento, apoyar la naturaleza y dimensión de la modernización de las EPS, es el mejor aliado para cerrar la brecha de desigualdad, pues dicho servicio, es instrumento para alcanzar el  mínimo de dignidad humana, de salud pública, de desarrollo de los pueblos y de protección del medio ambiente.

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