El tema de la corrupción en el Perú es un tema tan complejo y delicado que en verdad urge abordar frontalmente para poder lidiar con ella de manera efectiva y sin hipocresías por los tres poderes del estado, como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y por consiguiente tiene necesariamente que ser una sociedad injusta. La corrupción que nos agobia es desde luego tanto jurídica como política, pero también es medica, cultural, financiera, moral, familiar, etc., es decir se manifiesta en todas las dimensiones de la vida contemporánea.
Nuestro país atraviesa una crisis moral y ética, se ha perdido los principios y los valores en la sociedad. Según un estudio de Pro ética los tres principales problemas que afronta el Perú son: En primer lugar la delincuencia y la falta de seguridad, lo sigue la corrupción y las coimas en el sector público y el desempleo la falta de trabajo.
Si el Gobierno sabe muy bien cuales son los flagelos que afronta nuestro país, debería iniciar a combatir estos males que están en el estado. En el Poder Ejecutivo a través de sus Ministerios, los gobierno regionales y locales. Todos sabemos los delitos que cometen los funcionarios públicos y servidores del estado, que son: Concusión, peculado, malversación, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Ante esta crisis moral y corrupción proponemos que el Gobierno de turno debe luchar frontalmente para combatir la corrupción y la delincuencia, dos flagelos que hasta el momento nos esta venciendo ante la ineptitud del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto preocupa y debemos actuar en forma rápida.
Nuestra primera propuesta que el Poder Ejecutivo debe tomar el modelo del Gobierno de Finlandia, que tiene la mejor educación en el mundo y cero corrupciones. Para esto ha dado prioridad al sector educación y policial con un presupuesto adecuado, en dicho país los maestros y los policías son los mejores pagados. Sin embargo en el Perú son los peores pagados. Por eso tenemos mala calidad educativa y una policía corrupta y no respetada por la sociedad.
La segunda propuesta es aumentar las penas para los funcionarios que cometen delitos de corrupción contra la administración pública, las sanciones deben ser penas efectivas y de cadena perpetua como se imponen en el país de China y Japón. Como la criminalidad se ha especializado hay que aumentar las penas. Hay delitos que a los culpables se les sancionan con penas muy bajas y por lo tanto tienen libertad condicional y siguen robando al estado.
Para esto urge una posible reforma a la legislación tendría que ser únicamente para aumentar las sanciones y esta propuesta esta en manos del Poder Legislativo que en lugar de luchar contra la corrupción, mas bien la protege como es el caso con la Ley Nº 29758 publicado el 21 de julio del 2011 que bajaron las penas en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. Sobre esta ley controvertida analizaremos mas profundamente en otro articulo.
No debe ver justificación alguna, como es el caso de algunos malos funcionarios o congresistas que alegan que no cometieron delitos, sino errores o pecados. El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal. En síntesis no es “un vivo”, sino un delincuente. La policía se ha convertido en una institución corrupta debido que malos policías trabajan de la mano con la delincuencia, no dejemos de lado la labor de los Fiscales y Jueces que deben ser severos al momento de sancionar los delitos y actos de corrupción cometido por funcionarios, servidores y policías. Hay que poner mano dura a los delincuentes de “cuello y corbata”.
Finalmente los funcionarios deben recibir formación en el manejo de fondos públicos, como una forma arraigar la ética del servidor público. Debemos apostar por mejorar el sistema educativo y transformarlo en un método para la promoción de valores y el servicio público, alejado de la ambición monetaria. El ciudadano debe abandonar las prácticas ilícitas de cualquier tipo, además de denunciar a quienes consideran sospechoso de corrupción.