Mínimo 20 años de prisión para asesinos de autoridades elegidas por mandato popular

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La promulgación de la ley N° 30054 que aplica una pena mínima de 20 años de prisión, para quienes asesinen a una autoridad elegida por mandato popular, fue resaltada por el César Acuña Peralta, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú.

 

La norma representa un gran avance para reducir los atentados contra la integridad de las autoridades en particular de los  alcaldes que fueron víctimas de la delincuencia, afirmó Acuña Peralta, tras la publicación de la ley por el Congreso de la República, el pasado domingo 30 de junio.

 

La norma incorpora el Artículo 108-A al Código Penal y a la letra dice: El que mata a (…) “cualquier autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años”.

 

El presidente de la AMPE, destacó que otra de las modificaciones establece que quienes cometan estos crímenes no tendrán ningún derecho a solicitar beneficios penitenciarios, ni por acumulación de la redención de la pena por trabajo o educación, semilibertad y libertad condicional, según dispone el Artículo 47 de la referida ley.

 

Así también consideró importante la aplicación de una pena privativa de libertad, no menor de seis años ni mayor de doce,  cuando causen lesiones graves en el cuerpo o en la salud que pongan en peligro inminente la vida de las víctimas y en caso fallezcan por causa de las mismas, la pena no será menor de doce ni mayor de quince.
Acuña Peralta respaldó la decisión del Legislativo por endurecer las penas para los asesinos de las autoridades elegidas por mandato popular y en su condición de alcalde de la Provincia de Trujillo, se solidarizó con los familiares de las víctimas.

 

El presidente de la AMPE, afirmó que esta es una nueva herramienta que permitirá a los jueces sancionar drásticamente tanto a los autores intelectuales como a los sicarios que acaban con la vida de las autoridades y exigió firmeza en su aplicación.

 

Pidió fortalecer la seguridad personal de los alcaldes en ejercicio que fueron amenazados, para cuyos fines es fundamental la contribución y el respaldo de la Policía Nacional del Perú, institución a la que debe de dotársele de los recursos específicos para este fin.

 

Acuña Peralta, recordó con pesar los asesinatos de las autoridades municipales: Alejandro Montalván Macedo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, Ancash, victimado el 9 de diciembre del 2012; Diógenes Geldres Velásquez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, acribillado el 19 de diciembre del 2012;  Wilder Cieza Silva, alcalde de la Municipalidad Distrital de Campo Redondo, Provincia de Luya, Amazonas, asesinado el 08 de marzo del 2013; del regidor de la Municipalidad Distrital de Chao, en la provincia de Virú, La Libertad, Antenor Rodríguez; Jorge Nilser Arista Vargas, alcalde del distrito Cochamal, provincia de Rodríguez de Mendoza en Amazonas.

 

La ley aprobada tuvo su origen en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y se presentó como parte del paquete legislativo para la seguridad nacional elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM.

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