Denuncian ante el JNE a universidades por propaganda ilegal a favor de César Acuña

Acusación fue interpuesta por el abogado aprista Carlos Calderón, quien pide “cese inmediato de propaganda política ilegal”

Hemos emplazado formalmente al JNE para que ordene la inmediata paralización de la millonaria e ilegal campaña de propaganda política que vienen realizando las universidades privadas César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma, mediante la cual difunden el rostro, nombre y los lemas políticos de César Acuña Peralta, candidato presidencial del partido Alianza Para el Progreso; manifestó el abogado Carlos Calderón Carvajal.

Solicitamos también que el Presidente del JNE, Dr. Francisco Távara Córdova, se inhiba de conocer y resolver la presente causa, por haber adelantado opinión a favor de César Acuña, al afirmar que no puede intervenir “por carecer de facultades legales para hacerlo”; parece que el doctor Távara vive en una “democracia boba”, ironizó el letrado.

Nuestro emplazamiento se basa en que los directivos y propietarios de las entidades privadas que prestan servicios públicos por autorización o delegación expresa del Estado –como es el caso de las universidades- están sujetos al Código de Ética de la Función Pública, cuyos deberes de neutralidad y de adecuado uso de los bienes a su disposición han sido incumplidos, así como la prohibición expresa de hacer proselitismo político conforme lo establecen los artículos 1°, 7° y 8° de la referida Ley 27815; resultándoles aplicable también las sanciones que prevé la Ley Orgánica de Elecciones-Ley 26859; precisó Calderón.

Este es un caso manifiesto de propaganda política subliminal disfrazada de publicidad comercial educativa; la cual está expresamente prohibida en el ordenamiento legal peruano, tanto que el propio JNE así lo señala expresamente en el artículo 6.1 del Reglamento de Propaganda Electoral aprobado con Resolución N° 136-2010-JNE, enfatizó el abogado.

La propaganda subliminal está prohibida, por cuanto afecta el derecho del elector de ser plenamente informado respecto de los actores políticos y puede inducirlo a error al momento de tomar decisiones sobre el voto; explicó Calderón.

Ese mismo reglamento prohíbe a las universidades públicas y privadas utilizar sus instalaciones –entiéndase recursos de todo tipo- para hacer propaganda política; sostuvo el letrado.

Se estima que las universidades denunciadas han gastado ya unos treinta millones de soles sólo en spots de televisión y radio y en los casi mil paneles monumentales instalados en todo el territorio nacional; dijo Calderón.

 

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