Pro Justicia denuncia que azucarera Agro Pucalá sigue siendo depredada

Pro Justicia denuncia que azucarera Agro Pucalá sigue siendo depredada

 

Administración del CLAN pulveriza accionariado de trabajadores y del Estado. Nadie controla a nuevos “barones” del azúcar.

 

Un detallado informe de la Asociación ProJusticia emitido hoy demuestra que los problemas recurrentes de Agro Pucalá se deben a una inacción total a lo largo de los años de las autoridades pertinentes que no controlan ni fiscalizan a las sucesivas administraciones judiciales  del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN) permitiendo la “canibalización” de  la empresa. Este esquema lo  repetiría el Grupo Oviedo en Tumán y Pomalca, donde se desarrolla otra investigación en curso.

 

En efecto, según el informe, estos nuevos “barones” no parecen estar interesados en acrecentar la productividad de sus haciendas, sino más bien en explotarlas y depredarlas, manteniéndolas en una crisis permanente de la que no tienen cuando salir, todo ello bajo la indiferencia y desinterés del Estado y sus autoridades, incluyendo el apoyo y protección de parte del poder político y judicial, y de figuras como los congresistas Yehude SImon, Velásquez Quesquén, entre otros.

 

Pro Justicia señala que los actuales dueños del CLAN –esto es, Carlos Roncal y Ernesto Flores, han seguido un esquema empresarial para depredar a Pucalá similar al “patentado” por el Grupo Oviedo; esto es, han creado una empresa comercializadora de azúcar –PETROCAÑA- la cual compra a precio de planta todo el azúcar de Agro Pucalá para luego revenderla al precio de mercado.

 

Este mecanismo es tan escandaloso que incluye cláusulas como que si Agro Pucalá se demora un día en proveer el azúcar contratada, es castigada con una penalidad de 40 soles por bolsa por día de retraso. Es decir, el comprador y el vendedor son los mismos, pero si el vendedor quiere se demora y él mismo se castiga, lo que permite que el producto salga prácticamente gratis y la empresa proveedora se quede con una deuda cada vez mayor.

 

Asimismo, el informe señala las graves interferencias en los procesos judiciales como la que hizo el propio presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado, que intervino de manera irregular en el intento de toma de posesión de Agro Pucalá realizado en agosto del 2013, presionando por el hilo telefónico a la jueza a cargo de la diligencia a pesar de la evidente falta de garantías. Guerrero también ha estado involucrado en el continuo cambio de magistrados poco experimentados encargados del caso.

 

Por otro lado, el informe asegura que habría  indicios de que CLAN contaría también con el apoyo de bandas organizadas y grupos de sicarios para mantener su control de la empresa. En total, existen más de 21 muertes vinculadas al conflicto de Pucalá que no han sido debidamente esclarecidas, sin que las autoridades policiales o judiciales muestren mayor interés al respecto.

 

Incluso actualmente los trabajadores y algunas personas que son contratadas, piden colaboración a los vecinos de Pucalá para movilizarse y comprar cohetones para que los hagan explotar a los alrededores de la empresa y así hagan notar su presencia, creando un ambiente de “terror”.

 

Projusticia calificó de grave el hecho que todo el acervo documentario de la empresa sea destruido cada cierto tiempo, presuntamente para no dejar huellas, por lo que aseguró solo quedan dos caminos para Pucalá salga de la crisis: uno es proceder a la convocatoria de Junta de Accionistas para cambiar a los actuales administradores, y otro es convocar a Junta de Acreedores a través de INDECOPI para terminar de liquidar la empresa, opción que parece ser preferida por los directores del CLAN.

 

Para ello Projusticia exige que la justicia regional asuma el caso con mayor imparcialidad y valentía, y no se someta a las fuertes presiones que existen para dejar las cosas como están. De lo contrario, lo más seguro es que Pucalá siga siendo un polvorín que puede estallar en cualquier momento, finaliza este adelanto del informe final sobre las tres azucareras, el mismo que será presentado la próxima semana en conferencia de prensa en Chiclayo y que busca sensibilizar a la sociedad civil y llamar la atención sobre esta nueva forma de “esclavitud” económica a la que están sometidos los trabajadores de las azucareras.

 

ACERCA DE PROJUSTICIA

 

Es una asociación civil peruana multidisciplinaria  que trabaja en varias líneas de acción:

 

• Problemática judicial, a nivel nacional e internacional, enfocándonos en casos de corrupción,

• Fortalecimiento de la justicia de paz y la justicia intercultural.

• Tratamiento judicial de la minería ilegal y de la protección del medio ambiente

• Seguimiento de conflictos sociales, y el entorno legal de la seguridad ciudadana

 

Ha presentado informes sobre la trata de personas  en Madre de Dios, los efectos de la minería informal en Huánuco, los narcopolicías en Huaraz, y las cuestionadas obras de saneamiento en Iquitos.

 

Datos de Projusticia:

Director Dr. Fernando O Phelan

www.projusticia.org.pe

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