Mincetur destruyó 655 máquinas tragamonedas de uso ilegal

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), destruyó 655 máquinas tragamonedas de uso ilegal, decomisadas en diez regiones del país durante el 2014, luego de efectuar operativos sorpresa en salas de juego, librerías, bares, bodegas y otros.

Las incautaciones se realizaron en las regiones de Ancash, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Madre de Dios, San Martín, Lima y Callao, con lo cual se  evidencia el compromiso del Mincetur en la lucha contra cualquier intento de informalidad en esta actividad.

Cabe destacar que de las 655 máquinas tragamonedas destruidas, 218 eran usadas por menores de edad y 437 se encontraban operando en salas de juego no autorizadas.

La ministra Magali Silva, afirmó que el funcionamiento de este tipo de máquinas ha disminuido considerablemente en el país, como consecuencia de los permanentes operativos realizados por su Sector y del control en cumplimiento de la Ley N° 29149. La norma reprime la tenencia, explotación, fabricación, ensamblaje, importación y comercialización de máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad, por los efectos adversos que pueden generar en estos grupos vulnerables de la población.

En lo que va del año 2015, Mincetur ha inutilizado en total 1 370 máquinas tragamonedas que fueron incautadas en el año 2014. Igualmente ha decomisado 926 máquinas de uso ilegal luego de clausurar 12 salas informales a nivel nacional. Lo incautado en el presente año será destruido posteriormente.

TELEFÓNO PARA DENUNCIAS

El funcionamiento de casinos y tragamonedas sin autorización es un delito penado por Ley. El público en general puede denunciar estos ilícitos escribiendo al correo electrónico[email protected]pe o llamar al teléfono 513- 6113.

El decomiso de máquinas y clausura de local están determinados en el artículo 11° de la Ley N° 28945, el cual faculta a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur al cierre de todas aquellas salas que no cuentan con autorización, procediendo al decomiso de los equipos para su posterior destrucción.

De acuerdo al código penal, quienes participan en esta actividad ilegal serán objeto de pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, entre otras sanciones administrativas que corresponden.

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