Fiscalía abre investigación contra minero ilegal por muertes en El Toro

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Fiscalía  de Sánchez Carrión  investigará  al dueño de Minerals Doña Julia  por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo por la muerte de cuatros mineros al interior de un socavón ilegal.

Los días de impunidad para uno de los más grandes mineros informales que opera en el ande de La Libertad estarían contados. La Fiscalía dispuso iniciar una investigación preliminar contra  Jorge Espejo Moreno  como presunto responsable por la muerte de los cuatro mineros en el convulsionado cerro El Toro, Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.

Espejo Moreno  será investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en agravio de los hermanos  Alejandro Paulino Valderrama Altamirano, Esteban Hipólito Valderrama Altamirano, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo.

Las víctimas hallaron la muerte el pasado 6 de mayo a consecuencia de un derrumbe y la inhalación de gases tóxicos al interior de  un socavón  que explotan hasta el día de hoy los mineros ilegales, en especial uno de los más grandes de la zona: Espejo Moreno, quien es propietario de la empresa  Minerals Doña Julia.

Este sujeto hizo de todo para evadir su responsabilidad. Pobladores del lugar sindicaron que Espejo habría intentado comprar el silencio de los  familiares de los fallecidos y, habría gastado entre 200 mil soles incluyendo las 500 canastas que regaló por el Día de la Madre, en el caserío de Shiracmaca, guarida de los mineros ilegales, para ganarse el apoyo del pueblo.

Según consta en el acta fiscal, incluso los cadáveres fueron retirados al amanecer sin dar aviso a las autoridades para las respectivas diligencias de ley.  Sin embargo, todo este gasto de dinero no le sirvió de nada porque al fiscal de Huamachuco, Ronald Urrutia, no le quedó otra salida que aperturar la investigación preliminar contra Jorge Espejo Moreno y los que resulten responsables de la tragedia.   Una acción que no habría estado en sus planes por cómo actuó el día del siniestro.

Como parte de la investigación, la fiscalía  de esta provincia solicitó la entrega de los videos de las cámaras de vigilancia de la empresa Doña Julia para esclarecer los hechos. Además, dispuso citar a Espejo Moreno para que rinda su declaración este martes. El sujeto será investigado durante un plazo de 70 días  y de hallarse responsable podría recibir una condena de 6 años.

“A ese señor deben dictarle prisión preventiva. Tiene el dinero suficiente para huir y seguir pagando coimas. El “Chasqui Bravo”  (Ahmed Sánchez Ballena), cuyo hermano tiene una mina ilegal, estuvo ese día entregando canastas y haciendo firmar un padrón. No les importa nada las muertes”, dijeron en la puerta de la Fiscalía los vecinos de Shiracmaca que acompañaron a los deudos.

Los familiares de los fallecidos y que se atrevieron a denunciar son ahora víctimas de amenazas. Los que llegaron a recibir el dinero para guardar silencio han desaparecido de la escena. “Me advirtió que no avise a las autoridades, ni a la prensa de lo contrario no recibiría un sol. El señor  Jorge Espejo me dijo que si ponía la denuncia, él traería a sus abogados y saldría perdiendo porque él tiene mucho dinero. Y que muchos han muerto en la mina y nadie ha hecho ningún escándalo”, denunció  la pareja de Ricardo Valderrama el día de la tragedia.

Este es uno de los pocos casos que la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión acusa a un minero ilegal por homicidio. Lo usual, durante años,  ante estos mismos hechos, suelen  comprar el silencio de los deudos de las víctimas por una tarifa de S/. 20,000.00 soles y así lograr impunidad absoluta.

En Huamachuco esperan que el fiscal Urrutia actúe imparcialmente y que no deje abandonada la investigación.  Instaron a  la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad,  la Dra. Marena Mendoza Sánchez,  ser firme y tomar acciones contra la minería ilegal y las muertes en esta zona.  Todavía se recuerda la muerte de los dos menores que manipularon la dinamita escondida por los mineros ilegales en los caseríos y cómo el fiscal Jorge Fernández Urteaga dejó pasar el tiempo sin resolver absolutamente nada.

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