Alcalde de Moche va a la reelección con 5 pedidos de prisión

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En la actual campaña electoral en el distrito de Moche, los contrincantes del alcalde y candidato a la reelección, Róger Quispe Rosales, le enrostran una serie de denuncias y procesos judiciales que, afirman, lo desacreditan como autoridad reeleccionista. Se habla hasta de decenas de casos que han llegado a la justicia contra su gestión.

 

Sin embargo, lo cierto es que Quispe Rosales, quien postula a una tercera reelección por el partido Alianza Para el Progreso (APP), concretamente afronta en este momento hasta cinco pedidos de prisión por parte del Ministerio Público, que lo acusa por cinco casos diferentes de presunta colusión y negociación incompatible en su función como autoridad edil.

 

El alcalde de Moche se defiende de esta manera: “la Municipalidad de Moche nunca ha sido cuestionada por ninguna obra, todos los candidatos hablan de las obras y no hay nada, lo que es diferente y ha sido cuestionado han sido casos de bienes y servicios”.

 

El caso telefónica. El cuestionamiento más fuerte sería el correspondiente al llamado “Caso Telefónica”. En el año 2007 la empresa Telefónica del Perú S.A.A. debió pagar 2 millones 350 mil soles por concepto de instalaciones de postes y tendidos de redes de su propiedad, y que adeudaba. A través de una resolución de alcaldía se anuló la notificación a la empresa Telefónica y se ordenó el pago total de S/. 215,591 a esta empresa.

 

Pero más allá de esto, lo que propició la acusación fiscal fue el hecho de que el alcalde Róger Quispe haya suscrito un contrato con la gerente general de Innovaciones Perú S.A.C., Liz Sofía Alejandra Zenteno, para que dicha empresa preste el servicio de consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa de los principales contribuyentes. Según la fiscalía, el contrato fue irregular y además nunca brindó tal servicio. Al finalde cuentas se le pagó la suma de S/. 76,996 por el supuesto servicio de recaudar los S/. 215,591 de Telefónica.

 

La fiscalía ha pedido nueve años de prisión para el alcalde reeleccionista por este caso.

 

Quispe Rosales culpa a sus antecesores Julio Flores y Henry Sachún -quienes justamente compiten con él en estas elecciones- por haber dejado pasar esta deuda de Telefónica en sus respectivos periodos.

 

“Estos mismos señores que postulan son los que dicen que la responsabilidad es mía, pero en Lima, Telefónica nos dijo que tenían autorizaciones expedidas por Sachún y Flores”, dijo.

 

En opinión el alcalde, la investigación fiscal debe ir más atrás y “la otra interrogante es por qué el fiscal no ha probado que en la sesión de concejo yo estuve, porque a quien denuncian es al alcalde y no a algún miembro del concejo”.

 

“Yo firmé, pero no sé por qué los regidores votaron a favor”, remarcó.

 

El candidato a la reelección dice sentirse tranquilo, pues afirma haber actuado dentro sus funciones como alcalde.

 

El otro caso es sobre la ejecución de los trabajos de “Ampliación de Servicio de Limpieza Pública en diferentes sectores del distrito de Moche Trujillo – La Libertad” por un valor referencial de S/. 233,822. Se entregó la buena pro a Constructora Viuce S.A.C.

 

El Ministerio Público afirma que “se celebró un contrato sin cumplir con los requisitos establecidos para su suscripción y con información distinta a la proforma aprobada en las bases, documento mediante el cual se le liberó de diversas obligaciones”, por lo que se le pagó un total de S/. 229,998, y “la ejecución de esos trabajos no ha sido acreditada”.

 

Róger Quispe sostiene que aquí la Contraloría, “que estuvo cuatro años metida en la municipalidad”, se manejó políticamente. “Aquí no hubo delito, pero vino una comisión de Lima, era el gobierno de Alan García. En base a ese informe es que la fiscalía nos imputó”, remarca.

 

COMPACTADORA. Por este caso, la fiscalía ha pedido diez años de prisión contra el candidato a la reelección en Moche. El caso obedece a un proceso de adjudicación directa pública por exoneración, en la que habría sido beneficiada la empresa Equipamientos Municipales del Perú S.A.C.

 

De acuerdo a la investigación, la comuna recibió una compactadora de segunda mano y hasta con soldadura artesanal, que habría significado un perjuicio de S/. 78,183 a la municipalidad.

Quispe Rosales sostiene que hicieron la demanda respectiva por estafa y que, otra vez, la fiscalía no incluye en este proceso al concejo. “Ni el fiscal ni el procurador denuncian al concejo y me parece ilógico. La pregunta es por qué exoneraron”, subrayó.

 

LOS IMPUESTOS. En virtud a un acuerdo el alcalde suscribió el contrato de servicios de consultoría en fiscalización y recaudación tributaria con el representante de la empresa empresa Vallejos Goicochea Service Ingeniería Digital E.I.R.L., Juan Vallejos Goicochea. Sin embargo, al ser revisada la partida registral no figura su objeto social la presentación de este tipo de consultorías, por la que se le pagó S/. 98,693. La fiscalía pide 9 años de prisión por este caso.

 

El alcalde de Moche afirma que Contraloría le dio tres días de plazo para responder, pero no puso ninguno de sus descargos en su informe, el mismo que fue la base de la acusación fiscal, según indicó.

 

MOTONIVELADORA. El Ministerio Público también acusa a Quispe de haber favorecido indebidamente a la empresa Megadiesel EIRL, al otorgarle la buena pro en los procesos de selección Adjudicaciones de Menor Cuantía destinados a la adquisición de repuestos y la contratación del servicio de reparación de un cargador frontal Caterpillar y una motoniveladora cedida en uso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

 

La empresa era representada por Henry Velásquez Quesquén (hermano del congresista aprista), y el contrato fue por un monto de S/. 37,865.

 

“Por un caso de 7 mil soles, el fiscal pide una reparación de medio millón de soles, qué es esto”, dice el candidato a la reelección por Alianza Para el Progreso. (Fuente: Omar Aliaga Loje, Diario Correo).

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