Comprobado: Richard Acuña presentó documentos fraudulentos siendo congresista en el 2012


La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad de la Corte Suprema está en plena evaluación de la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que hizo la jueza Alicia Villanueva del Octavo Juzgado Penal de Trujillo, pero aunque la defensa del congresista intenta desvirtuar denuncia con la tesis de que los hechos fueron cometidos en el 2004, la documentación mostrada por la defensa de la inmobiliaria que lo denunció prueba irrefutablemente que el delito fue cometido en el 2012 y lo hizo por partida doble.

ANTECEDENTES

La familia Acuña Núñez ha intentado apoderarse de ese terreno desde el año 2008 cuando ingresan ilegalmente al predio, el mismo que había sido invadido desde el año 2000. Los verdaderos dueños del inmueble, la Inmobiliaria San Vicente, que tiene inscrito en Registros Públicos el terreno desde 1960, interpusieron juicio desde inicios de los años 2000 contra el invasor José García Marcelo que era el ocupante precario. Este le “vende” el terreno a Rosa Núñez en el 2008, por lo que en ese año la Inmobiliaria le advierte a esta mediante carta notarial que no adquiera ningún inmueble porque el caso está en litigio y el terreno lo tenían inscrito.

En el 2009 la Corte Suprema en recurso de casación dio la razón a la inmobiliaria en el proceso contra García Marcelo y notificó al juzgado de origen para que ejecute el lanzamiento, desde entonces los Acuña Núñez que se apersonaron al juicio arguyendo que eran los nuevos propietarios se niegan a entregar el bien.

Ese mismo año, Rosa Acuña transfiere la propiedad a sus jóvenes hijos Richard Frank y Kelly Rosalyn, quienes de inmediato presentan oposición y piden la nulidad de la sentencia alegando increíblemente que eran posesionarios desde el 2004 (era evidente que querían acogerse a la ley que establece cinco años como mínimo para pedir la prescripción), a pesar que una inspección judicial hecha en el 2005 estableció que el terreno era entonces un sembrío de coliflores con una choza para los guardianes.

EL FRAUDE

En el 2012, los Acuña Núñez, ya estando elegido congresista Richard Frank, viendo perdido el primer juicio que ya estaba para desalojo, sacan otra carta bajo la manga: presentan una solicitud de prescripción registral y adjuntan tres certificados de posesión y domiciliarios del 2004, firmados por los jueces de paz Tania Rojas Vásquez y Elmer Morales Barragán, es decir la presentación de estos certificados falsificados, ese delito,  se produjo siendo congresista en el 2012 y no en el 2004, como afirma un comunicado que difundió el congresista. Además, los documentos falsos son del 2004 (fecha falsa) pero fueron elaborados evidentemente mucho después. El acto de presentar documentación fraudulenta es cometido en el 2012 según lo certifican los documentos presentados ante el juzgado.

¿Por qué son falsificados los documentos?, porque la Juez de Paz Rojas Vásquez ha declarado ante fiscalía que la firma, letra y sello que aparece en el documento no son suyos. Pero no solo eso, además afirmó que el 21 de noviembre del 2004 (fecha de expedición del certificado) no era juez de paz y que tampoco conoce a Richard Acuña. “La firma que se me atribuye es una firma grotesca”, ha dicho.

Por último, en un documento que incluso ya hace innecesario una pericia grafotécnica sobre la firma de la jueza, la propia corte Superior de Justicia de La Libertad envió en julio del 2016 el dato exacto que desbarata toda la mentira de los Acuña Núñez: la jueza de paz  Tania Vásquez ejerció el cargo desde agosto del 2005 hasta noviembre del 2009. Caso cerrado: jamás habría podido firmar ningún certificado pues no era jueza en la fecha que se expide el certificado.

Es decir el documento es falso por todo lado, y ese documento fue presentado en el 2012, el delito está probadamente cometido. Pero aún hay más, lo hizo por partida doble,  el 4 de mayo del 2012 el congresista hace oposición al lanzamiento programado en el primer juicio y también adjunta su certificado falso “firmado” por Tania Rojas, o sea cometió el delito dos veces.

Respecto al documento firmado por Morales Barragán, una inspección judicial del 2016 lo desmiente, nadie residía en ese lugar en ese momento, recientemente se supo que la ex jueza Tania Rojas sufrió un intento de presión por parte de Morales Barragán quien se acercó a su domicilio, acompañado de dos abogados que se presentaron como representantes de Rosa Núñez.

La prescripción ilegal

Esta prescripción ilegal la logran con la complicidad del notario Manuel Anticona, quien se hizo de la vista gorda con el hecho que el litigio vigente bloqueaba el proceso de prescripción, y que Kelly Acuña Núñez figuraba con su número de DNI en los certificados “truchos”, cuando en ese momento todavía era menor de edad y era imposible que tuviera DNI.

Ante esto, los abogados de la Inmobiliaria interpusieron en el 2016 una denuncia penal contra los Acuña Núñez, por lo que el congresista de Alianza para el Progreso está denunciado por los presuntos delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica y fraude procesal, y este es el caso en el que la jueza ha solicitado que se levante la inmunidad parlamentaria del actual Segundo Vicepresidente del Congreso para investigarlo.

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En un intento de zafarse del caso, la propiedad, sin ser de él, pues ya estaba emitida la sentencia definitiva por la Corte Suprema, fue vendida por Richard Acuña a su hermana en el 2012 y luego ésta la vendió a una empresa en la que su madre, Rosa Núñez, aparece como gerente general.

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A pesar de las pruebas la Comisión de Ética del Congreso blindó este año al congresista al rechazar investigarlo aduciendo que el caso estaba judicializado.

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Los Acuña siguen posesionados en el lugar a pesar de la sentencia de la Suprema y a pesar de haberse probado la manera ilegal cómo pretendió prescribir la propiedad. Lo  alquilan como canchas deportivas y para eventos. (Agencia de Noticias IP Norte).

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