La presidenta de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, Gloria Montenegro Figueroa, pidió de manera urgente que las remuneraciones de los jefes de los Órganos de Control Institucional OCI, sean asumidas por la Contraloría de la República en su pliego presupuestal, para garantizar las acciones de fiscalización a los gobiernos municipales y regionales.
Indicó que a la fecha los pagos de estos funcionarios así como el personal dependen económicamente de los gobiernos locales y regionales, hecho que limita el trabajo de control.
«Una de las propuestas de la AMPE, es que el personal de las OCI sea asumido por la Contraloría. Si bien nosotros proponemos, inclusive, transferir ese sueldo que pagamos para que ellos dispongan una persona calificada que realmente ejerza su rol de control, así como también tengan la posibilidad de viajar a cada una de las regiones de manera preventiva o reactiva para solucionar el problema”, expresó.
La también alcaldesa de la provincia de Trujillo, Gloria Montenegro, formuló este pedido durante su participación en la sesión de la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, realizada esta mañana en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, en Palacio de Gobierno.
Montenegro Figueroa pidió también a los representantes de la CAN Nacional que participen de manera presencial en las Comisiones de Alto Nivel Anticorrupción Regionales para que ayuden colaboren y fortalezcan la parte técnica, la parte de recursos y la parte resolutiva.
La presidenta de la AMPE, consideró alentador ver a todos los sectores sociales comprometidos en uno de los problemas más graves de nuestro país, como es la lucha contra la corrupción y destacó la participación del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, y de cada uno de los integrantes de la CAN.
Refirió además que pese a la existencia de la Ley Nº 29555, emitida en julio del 2010, que permite la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de las OCI a la Contraloría General de la República, a la fecha un 80% de funcionarios de dichas oficinas de control dependen del presupuesto de los gobiernos descentralizados.
Consideró que se debe trabajar en la prevención de actos irregulares y de corrupción, revisar la normatividad vigente en materia de contrataciones públicas y acentuar los mecanismos de control en los procesos, a fin de evitar posibles concertaciones de intereses. “En todos los procesos es clave la presencia como observador del Órgano de Control Institucional”, anotó.