Denuncian por prevaricato a Ex Presidente de Jurado en Trujillo

Al Presidente de 2da. Sala Penal de Apelaciones, Dr. Víctor Raúl Burgos Mariños, y los integrantes de su Sala, los acusan de favorecer a una presunta testaferro de Rodolfo Orellana.

El juez Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, actual Presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de La Libertad y ex presidente del Jurado Electoral Especial que condujo el último proceso electoral en nuestra región, ha sido objeto de una grave denuncia por prevaricato junto a los integrantes de su Sala, los Dres. Sara Angélica Pajares Bazán y Carlos Merino Salazar, por presuntamente favorecer mediante irregulares resoluciones a una presunta testaferro de la red Orellana en Trujillo, caso que está siendo investigado desde Lima.

Este caso empezó en el 2015, cuando el ciudadano Constante Morillas Torres adquirió un terreno en el ex Fundo La Encalada, en Moche, el terreno no tenía ninguna restricción registral al momento de su compra la que fue hecha de buena fe; pero en el acto de sanear el bien el comprador solicitó al 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo que levante en definitiva una medida de Incautación y Bloqueo registral que databa del 2011, la cual fue aceptada por dicho Juzgado concediendo el levantamiento de la medida, pues era evidente que no se podía mantener una medida cautelar contra una persona ajena al proceso penal.

Sin embargo, el Ministerio Público en esa oportunidad representada por la fiscal Magdalena Cisterna Burga, a pesar de que sabía que mantener dicha medida cautelar era irregular y que sólo podría favorecer a María Flavia Gormas Agreda, una testaferro investigada por la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima, por presuntamente pertenecer a la red de Rodolfo Orellana Rengifo anclada en Trujillo, interpuso apelación y el caso pasó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones integrada en ese momento (mayo del 2016) por Sara Pajares Bazán, Carlos Merino Salazar e Hilda Cevallos Bonilla. Aquí viene la primera grave irregularidad, el 11 de julio de este año ya habiendo reasumido la presidencia el Dr. Victor Alberto Burgos Mariños, luego del proceso electoral, al efectuarse una incidente de control de admisibilidad solicitado por el abogado de Morillas Torres, este repara en que la Fiscalía había cometido un grave vicio insubsanable: La Fiscalía había presentado una apelación con documentación que se refería a otro caso sobre Desafectación Registral, que no tenía nada que ver con el incidente de Reexamen de Incautación. Sin embargo ante este vicio insubsanable y en la lógica solicitud de recalificación del recurso admisorio de la Fiscalía, la 2da. Sala Penal denunciada persiste arbitrariamente en que se debata de fondo, la incorrecta apelación sobre Desafectación Registral presentada por la Fiscalía, cuando el incidente era de Reexamen de Incautación.

Luego el Dr. Victor Alberto Burgos Mariños, como ponente, rechaza el pedido de nulidad del petitorio fiscal presentado por la defensa de Morillas Torres, aduciendo que dicho vicio constituía un “tema de fondo” y no de “admisibilidad del recurso”.

Pero lo peor vendría después cuando la Sala habría dado indicaciones a su especialista Tatiana Molina Nanfuñay para que fabrique una “razón” en la cual incluía hechos falsos. Esta especialista indica que supuestamente había un error material en la conformación de los cuadernos de apelación presentados por la Fiscalía, por lo que el “error” era imputable al órgano jurisdiccional, específicamente del asistente de 1ra instancia Eddy Martín Sanchez Gálvez; y que, supuestamente dicho especialista al realizar la formación de los cuadernos supuestamente introdujo documentos de otro caso, lo cual era totalmente falso, pues de la simple revisión de la apelación de la Fiscalía, uno se da cuenta que el vicio era de la Fiscalía, al ingresar una apelación que correspondía a otra materia y no tenía nada que ver con el incidente de Reexamen de la Incautación; sin embargo la Fiscalía ahora representada por la Fiscal Superior Dra. Silvia Chang Chang, inexplicablemente  expresó que no existía ningún error, a pesar de que era evidente que la Fiscalía era la autora del mismo y dejó que el caso prosiguiera sin subsanarlo, por ello se explica la presunta complicidad con la Sala que inventa el error del especialista para intentar tapar las escandalosas irregularidades.

Tal igual que los miembros de esta Sala han sido denunciados por el delito de Prevaricato y Abuso de Autoridad ante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía Suprema, la defensa de Morillas Torres ha puesto de conocimiento del Fiscal de la Nación Dr. Pablo Sánchez Velarde, de estas irregularidades cometidas por sus Fiscales, al pretender favorecer con presuntos actos ilegales a la red delincuencial de Rodolfo Orellana Rengifo. Asimismo, Se espera deslinde de responsabilidad por parte de la Presidenta de Junta de Fiscales de la Libertad Dra. Celia Goicochea Ruiz, pues los vicios propiciados por las Fiscal Superior Silvia Chang Chang y la Fiscal provincial Magdalena Cisterna Burga, constituyen -según el denunciante- un atentado a la Legalidad, del cual ellos deben ser sus principales defensores; así como de la verdad, por lo que se espera que no se conviertan en cómplices del delito en que habrían incurrido los miembros de la 2da Sala de Apelaciones de Trujillo.

Y por si fuera poco, como el abogado del propietario Morillas Torres, interpusiera una recusación contra esta Sala evidentemente parcializada, y que estaba perjudicando la Legalidad y el Debido proceso, el Presidente Burgos Mariños ha intentado a toda costa seguir con el proceso y resolver la cuestión de fondo, a pesar que todo aquel que conoce mínimamente la ley sabe que una sala recusada ya no puede resolver sobre el caso,  hasta que se resuelva su recusación por otra sala, menos aún si es que existen indicios de haberse cometido un ilícito penal.

No se explica el apuro de Burgos Mariños y los demás miembros de la Sala en resolver a como de lugar el tema de Incautación, saltándose por alto toda la legalidad y el debido proceso, incluso recurriendo a actos ilícitos como el insertar hechos falsos en una razón para justificar un accionar irregular, todo esto no hace sino favorecer a quienes desde el 2011 pretendían esos terrenos del ex Fundo La Encalada: miembros de la presunta red de Rodolfo Orellana en Trujillo, que en nombre de la presunta testaferro María Flavia Gormas Agreda, busca mediante varios procesos apropiarse de dichos terrenos, siendo su apoderado Jorge Arturo Viteri Falcón, y sus abogados William Galindo Peralta- ultimado por presunto ajuste de cuentas sobre tráfico de tierras- y Segundo Viteri Rodríguez, el cuestionado ex Procurador del Poder Judicial, todos estos nombres están en este momento investigados por lavado de activos por pertenecer presuntamente a la red que lideraba Rodolfo Orellana Rengifo, sin embargo siguen siendo favorecidos extrañamente por jueces y fiscales en La Libertad, al mismo estilo de lo que ocurrió en Ancash con total impunidad.

El juez Burgos Mariños es supuestamente uno de los jueces más preparados de la judicatura local, pero su actuación en este caso con ribetes ilegales -según la denuncia- deja mucho que desear, más aún cuando a quien se favorece -en presunta complicidad con la Fiscalía- es a la red de Rodolfo Orellana Rengifo. Esta denuncia crea serias dudas sobre la justicia que se viene impartiendo en la judicatura liberteña. (Agencia de Noticias IP Norte).

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