Consorcio Chavimochic inició acciones legales contra el Gobierno Regional de La Libertad

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El Consorcio Chavimochic solicitará un arbitraje internacional tras la decisión de rescindir su contrato en la irrigación.

Mediante un comunicado de prensa, el Consorcio Chavimochic -integrado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero-, encargado de la construcción de las obras de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, informó hoy que se ve obligado a iniciar acciones legales contra el Gobierno Regional de la Libertad. Al respecto, precisa que ha solicitado la realización de un arbitraje internacional, como lo establece el contrato de concesión en caso de controversias.

“Este arbitraje busca solucionar las controversias generadas por el incumplimiento del concedente, Gobierno Regional de La Libertad, relacionadas a la entrega integral de los terrenos necesarios para la continuación del Canal Madre del Proyecto y que sirve también como condición previa para que la Concesionaria acredite el cierre financiero”, explica el concesionario en el comunicado.

Vale destacar que alrededor de 35 kilómetros de los 129 kilómetros del canal madre de la tercera etapa de Chavimochic enfrentan problemas por doble y triple titulación. Además del canal, la concesionaria debía concluir la contrucción de la presa Palo Rendondo, cuyo avance es de 70% (según la concesionaria) y 60% (según el Estado).

“El principal objetivo es proteger la inversión realizada y posibilitar la continuidad del proyecto, bajo otra composición accionaria, atendiendo a las demandas de la comunidad local y empresarios agroindustriales de la Región La Libertad”, agrega.

El  gobernador regional de La Libertad, Luis Valdes Farías, anunció la primera semana de febrero que decidió rescindir el contrato Consorcio Chavimochic por incumplimento contractual de este último, al no haber presentado su cierre financiero. Para que la decisión se haga efectiva, el Ministerio de Economía y Finanzas debe emitir una opinión técnica favorable.

El comunicado del consorcio es presentado a la opinión pública en una semana determinante, en la que el GORE La Libertad y el MEF mantienen reuniones a puerta cerrada en busca de una solución legal que sostenga la decisión del primero.

Aquí cinco aclaraciones que el concesionario detalla en el comunicado.

  1. El Gobierno Regional de La Libertad lleva 31 meses de retraso en cumplir con sus obligaciones de entregar los terrenos necesarios para la construcción de las obras, que consisten en la Presa Palo Redondo y la extensión del Canal Madre por 128 Km. hasta las Pampas de Urricape.
  1. Aunque la Concesionaria ha venido ampliando de buena fe los plazos de entrega de los terrenos, ahora el Gobierno Regional de La Libertad anuncia su intención de solicitar la caducidad de la Concesión por causa imputable al Concesionario. La razón empleada sería la falta de realización del Cierre Financiero del Proyecto, a pesar de que es contractual y financieramente inviable lograr el financiamiento de una obra que no cuenta con las superficies sobre las cuales se debe construir.
  2. La presa Palo Redondo tiene un avance de 70% a la fecha, la paralización de los trabajos coloca en riesgo su estabilidad frente a eventuales fenómenos climatológicos. Los niveles freáticos deben ser abatidos mediante bombeo de gran caudal durante las 24 hrs del día, hasta que se concluyan los trabajos.
  1. A todas luces, es el incumplimiento del Gobierno Regional de La Libertad el que ha motivado la paralización de las obras y la postergación del Cierre Financiero. Ante esta situación, la Concesionaria se ha visto obligada a iniciar las acciones pertinentes para proteger los intereses de la Concesión y buscar una salida ordenada de sus actuales accionistas.
  1. Composición Accionaria de Concesionaria Chavimochic: 74% Odebrecht (controladora) y 26% Graña y Montero.
  1. Entre las medidas preventivas mencionadas, está una solicitud de caducidad por causa imputable al Concedente, la que solo es el inicio de un procedimiento contractual tendiente a la resolución de las controversias. No implica la terminación inmediata del Contrato, que intentamos evitar. (El Comercio).

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