Detectan pagos de más por casi S/ 2 millones en bypass del Óvalo Grau

(Vía Correo).- Consorcio La Libertad tenía que instalar 2,400 cintas luminarias en el óvalo Grau, pero no cumplió, a pesar de ello, funcionaria Liz Arroyo los liquidó. La Contraloría realiza una auditoría y hace serias observaciones.

El pleno de regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) autorizó el último miércoles que el procurador público inicie acciones legales contra la gerente de Obras Públicas, Liz Arroyo Rubio, por haber tramitado conforme la liquidación del contrato de la obra: “Intercambio Vial del Óvalo Grau”, a pesar de que el Consorcio Libertad, encargado de los trabajos, no concluyó unas de las partidas del expediente técnico.

De acuerdo al informe N°23 de la auditoría de cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República en el proceso de selección, ejecución y supervisión de la aludida obra, dicha funcionaria municipal, que es de entera confianza del alcalde Elidio Espinoza Quispe, consideró íntegramente las valorizaciones de todas las partidas establecidas, cuando en realidad no se ejecutó una de ellas.

Según la Contraloría, de esta forma se ha generado un perjuicio económico para la MPT por S/1’827,353.66.

Se trata de las valorizaciones N°9 y 11, que tienen que ver con la instalación de 2,400 unidades cintas Led Video Tube Al 16 Pixes, que jamás se instalaron en los muros ubicados en los exteriores laterales del puente, a pesar de que está contemplado en el expediente técnico contractual.

Lo que sí halló el comité auditor de la Contraloría fueron seis luminarias tipo Led Wall Washer instaladas en la zona inferior del perímetro de la estela marina (navio o buque), dispositivos que no forman parte del expediente técnico aprobado por la MPT ni están contenidos en los planos post construcción.

MÁS RESPONSABLES.

Ahora bien, Liz Arroyo Rubio no es la única persona que tendrá que responder por estas supuestas irregularidades, teniendo en cuenta que esta importante obra se ejecutó entre el 2013 y 2014, en la gestión de César Acuña Peralta.

Por eso, la Contraloría General de la República recomienda además que se inicie acciones legales contra otras 19 personas, entre ellas el actual gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente general de la MPT.

Entre las principales observaciones que ha hecho la Contraloría al trabajo de control que debieron ejecutar dichos funcionarios (gestión de César Acuña y Gloria Montenegro), están: la adjudiciación y buena pro- firma de contrato- con la empresa ganadora: Consorcio La Libertad.

También se plantea como una grave irregularidad la no vigencia de fiel cumplimiento y presentación de garantías (cartas fianza) no fidedignas para el otorgamiento de adelantos de los pagos.

Además de cambios de profesionales, así como cambios de partidas e incluso el ya detallado pago por una partida no ejecutada. De acuerdo a la Contraloría, todo esto afectó los principios que rigen las contrataciones y ha ocasionado perjuicio económico a la MPT.

SIN DISPONIBILIDAD. De la revisión documentaria que ha hecho la Contraloría, se ha podido determinar que se aprobó el expediente de contratación de la obra y se convocó a proceso sin contar con la disponibilidad presupuestal.

Para la Contraloría, Luis Valdez Farías, en ese entonces gerente general de la MPT, solicitó a Pedro Chalén Costa, otrora gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorgue la disponibilidad y la certificación presupuestal para la ejecución de la obra con un valor referencial de S/48’998,777.58, sin antes tener la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

PUNTOS DE MÁS. Otra observación que ha hecho Contraloría está relacionada a la propuesta técnica del postor Consorcio La Libertad, pues se le otorgó un puntaje que no correspondía (4 puntos), ya que no cumplió con el factor “experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto”, establecido en las bases integradas. Así accedió a la evaluación de su propuesta económica y luego adjudicarse la buena pro, a pesar de que en esa instancia ya existía una solicitud de nulidad presentada por otro postor, pero que no fue tramitada.

Asimismo, según Contraloría, los funcionarios no exigieron al Consorcio La Libertad la renovación de una de las dos cartas fianza presentadas como garantía de fiel cumplimiento, por lo que el contrato no estuvo garantizado hasta su liquidación final por el monto de S/4’801,842.50, que representa el 10% del monto ofertado. De esta manera se evidencia que durante el periodo 30 de diciembre de 2014 hasta el 6 de mayo de 2015, la MPT solo contó con una garantía por S/ 2’481, 801.00.

Luego de todo ello, la MPT otorgó al contratista el adelanto directo y de materiales, sin siquiera verificar la veracidad de las garantías presentadas.

CAMBIOS IRREGULARES. El órgano de control indica también en su informe que durante la ejecución contractual se autorizó y permitió el cambio de profesionales conformantes de la propuesta técnica del contratista para el desempeño de las funciones de residente de obra, asistente de residente, administrador de obra y especialista en instalaciones electromecánicas.

Esto, sin considerar que los profesionales que los sustituyeron no acreditaban calificaciones profesionales iguales o superiores al personal que reemplazaban.

Además, se consintieron cambios en partidas contractuales relacionadas con el sistema de iluminación sin aprobar modificaciones de la propuesta técnica ni los respectivos adicionales y deductivos vinculantes que correspondían.

Finalmente, se suscribió el contrato con el Consorcio La Libertad, a pesar de que su propuesta económica fue la más onerosa (S/48’018,410.03), pues excedió en S/1’959,935.66 a la propuesta económica del postor Constructores Taboada Ramos, que ocupó el segundo lugar. Su propuesta fue de S/46’058, 474.37.

COMPROMETIDOS. Los exfuncionarios involucrados en estas supuestas irregularidades son, según el informe de Contraloría: Daniel Valdivieso Saavedra, personal de gerencia de Obras Públicas; Alexis Larriera Castro, gerente de Obras Públicas, Edilberto Ñique Alarcón, Orlando Urtecho Vera, presidente del comité especial a cargo del proceso.

Guiliana Tirado García, integrante del Comité Especial; Roberto Salazar Alcalde, integrante del comité especial; Marco Pino Arnas, gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y Luigui Moya Avalos, integrante del comité de recepción de obras.

Asimismo, Richard Saucedo Paredes, integrante del comité de recepción de obras; Eduardo Espino Quintanilla, del comité de recepción de obras; y Jorge Delgado Peña, personal de la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

Francisco Huyra Aguilar, jefe de Supervisión, y Rolando Rojas Álvarez, de la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

Luis Valdez Farías, exgerente edil; Nelson Loza Chávez, gerente de Asesoría Jurídica; y Guillermo Solar Ugaz, subgerente de Tesorería. (Todos ellos funcionarios de la gestión de César Acuña).

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