La Defensoría del Pueblo lamenta muerte de cuatro líderes asháninkas y exige inmediata intervención del estado en la zona

La Defensoría del Pueblo expresa su más profundo pesar por la muerte de los dirigentes ashaninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, quienes habrían perdido la vida como resultado del accionar delincuencial de taladores ilegales.

 

Nuestra institución expresa su enérgica condena frente a estos hechos y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto (Ucayali) y con el Pueblo Indígena Ashaninka.

 

Estos hechos, de por sí muy graves, lo son aún más considerando que los dirigentes indígenas que han perdido la vida estuvieron denunciando públicamente, desde hace varios años, la extrema debilidad estatal en la zona, así como la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran. Por ello, pidieron a sus autoridades, en muchas ocasiones, protección de sus derechos fundamentales.

 

La primera semana de junio de este año, Edwin Chota –junto a otros dirigentes viajó a Lima con el fin de reiterar estos pedidos. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo convocó el pasado 6 de junio a una reunión en su sede entre dichos dirigentes y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Defensa,

Desarrollo e Inclusión Social y Ambiente, así como con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. El objetivo de la cita fue coordinar la atención de las demandas de la dirigencia indígena.

 

En la reunión, Edwin Chota denunció las amenazas contra él y otros dirigentes de su comunidad por personas que se dedicaban a las actividades de tala ilegal dentro de sus territorios comunales. En este espacio se asumieron compromisos orientados a atender sus preocupaciones por la titulación de sus tierras, la superposición con el Bosque de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios públicos básicos, así como la tala ilegal de madera dentro de sus territorios comunales, entre otros.

 

En dicha oportunidad, diversos sectores del Estado se comprometieron a evaluar una visita a la localidad para la atención de estas demandas. Lamentablemente, hasta el momento, OSINFOR ha sido la única entidad que ha viajado a la zona a fin de investigar las denuncias de tala ilegal.

 

La Defensoría del Pueblo exige que se realicen los operativos que permitan la inmediata ubicación de los restos mortales de estos dirigentes y la captura de los criminales responsables de estos hechos. De igual modo, considera necesaria la presencia de altas autoridades gubernamentales en la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto para brindar a sus familiares todo el apoyo que requieren ante esta terrible situación, así como adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger la vida, integridad y garantizar los derechos colectivos de los miembros del pueblo asháninka.

 

Finalmente, cabe recordar que nuestra institución ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación frente a los graves impactos que produce la tala ilegal. Esto demanda acciones céleres para erradicar esta actividad ilícita que pone en riesgo nuestros ecosistemas y la vida de los pueblos indígenas.

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